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Según refieren los antecedentes, el Ministerio Público intervino en la causa a raíz de una denuncia formulada el 26 de mayo de 2015, por parte de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Fue en el marco de una investigación por el supuesto desvío de recursos correspondientes a cupos de combustibles, destinados para las actividades propias de la institución, tanto para el área central como para el interior del país.
Auditores de dicha institución habrían realizado una inspección especial, con la que lograron detectar varias irregularidades con relación al uso de combustibles y cobro de viáticos, por parte de funcionarios con cargo de directores, jefes zonales y choferes de la entidad. Estos habrían presentado en forma irregular rendiciones por uso de combustibles y cobro de viáticos por viajes no llevados a cabos y rendición parcial por parte de los funcionarios responsables por la cantidad recibida.
Por este caso están imputados Silvio Ortega Rolón; ex director general de la institución, Nicolás Augusto Velardez Miltos; ex secretario privado de la Dirección General, Gustavo Adolfo Ramírez Paredes; ex director administrativo, Gustavo Adolfo Bordón Céspedes, exjefe de Transporte; Ángel Daniel Perucchino, ex encargado de la Unidad de Gestión de Combustible, Lucio Carlos Benítez Gauto, exjefe de las Zonas Operativas Regionales y Juan Salas, encargado de Coordinación de Zonas.
Además están imputados los jefes de diferentes áreas del país, identificados como César Enrique Perruchino (Boquerón), Eladio Monteggia (Pedro Juan Caballero), Cayo Benítez Sosa (Curuguaty), Gualberto Esteban Cataldo (Concepción), Asterio Martínez ( Itapúa), Claudelino Godoy Díaz (San Pedro), Pedro Mereles Zarate (Alto Paraná), Justo Ramón Medina (Coronel Oviedo), Pablo Emiliano Barreto Ledesma (Puente Kyha) y Ricardo Amadeo Ferreira Rivas (Presidente Hayes).
También forman parte de la nómina de imputados, los choferes del Departamento de Trasporte, Jorge Ramón Viveros Martínez, Idalino Romero, Marcial Medina Flor, Julio César Romero Flores, Andrés Vera, Rubén Darío Brizuela Rojas, Casimiro López Caballero, Daniel Ayala, Luis Brítez Ortega, Celso Ferreira Ruiz Díaz, Francisco Fariña Núñez, Carlos Balmaceda, Rened Aldemar Chávez y Fernando Romero. El representante del Ministerio Público solicitó al juez Penal de Garantías Miguel Tadeo Fernández la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los supuestos implicados en los ilícitos.