El convenido, que fue rubricado en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), busca también incrementar el registro electoral de esas comunidades y promover sus derechos políticos “con enfoque intercultural y de equidad de género”, informó la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
Oscar Ayala, de la ONG Tierraviva, dijo durante el acto que garantizar la participación política de ese sector de la población es una de las reparaciones históricas que se debe a ese colectivo tradicionalmente marginado.
Por su parte, el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena, Aldo Zaldívar, destacó el papel que puede jugar una institución como el TSJE a la hora de incorporar a los indígenas a la participación y al escenario político.
En ese sentido, el ministro del TSJE, Jaime Bestard, recordó la existencia en época de elecciones de la práctica del “arreo”, consistente en obligar a los indígenas a tomar parte en las elecciones de manera forzada e inducida y de acuerdo a determinados intereses.
Bestard subrayó que las misiones internacionales destinadas a observar los últimos procesos electorales señalaron la necesidad de erradicar esas practicas y acabar con la manipulación de los votantes indígenas.
La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76% de las cuales vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales.