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El 28 de noviembre del 2013, hace casi un año, se publicó la primera parte de la investigación de ABC Color, en la que los mismos caseros del diputado admitían que trabajaban en la quinta de Ibáñez ubicada en Areguá, y no en la Cámara Baja, a pesar de que sus nombres figuraban en la nómina de funcionarios. Los mismos involucrados confesaron la irregularidad.
La denuncia se dio a conocer gracias al “Buscador del Pueblo”, herramienta a disposición de la ciudadanía, que ordena los datos oficiales sobre salarios de los funcionarios de las instituciones del Estado, a fin de que el control ciudadano sea real.
Lo llamativo no solamente fue el hecho de que cobraban sin cumplir funciones en la Cámara de Diputados, sino que los mismos ni siquiera recibían la totalidad de lo que figuraba a sus nombres en los datos oficiales. Entonces, se involucró a la esposa de Ibáñez, Lorena Plabst, quien sería la encargada de cobrar los salarios de los caseros, y luego darles solo una parte.
Días después, la fiscalía Anticorrupción abrió la investigación contra el legislador por cobro indebido de honorarios y estafa, al tiempo que se desató la indignación ciudadana. Ibáñez, mientras tanto, aseguraba que los caseros en realidad cumplían funciones en la Cámara de Diputados. Dijo que su trabajo consistía en acompañarlo en viajes al interior, desempeñarse como secretarios y servir café.
“Cuando llegué a Diputados conseguí un lugar para ellos, en el mes de agosto. Fue un acto de humanidad, de solidaridad con el ser humano, un acto de compromiso”, se ufanaba el polémico legislador en una entrevista con una emisora, al día siguiente de que se publicara la investigación en la que los mismos caseros confesaban que no cumplían función alguna en el Congreso. Fue el 29 de noviembre del 2013.
En reiteradas ocasiones el diputado aseguraba que las contrataciones eran legales y que los caseros trabajaban en el Congreso. Así también, los mismos empleados finalmente cambiaron su discurso llamativamente, una vez que fueron convocados por la Fiscalía para declarar. De vestir ropa informal y cuidar la estancia –como se constató y como lo confesaron ellos mismos–, se vieron obligados a usar traje y llegar hasta Asunción a “marcar” en Diputados ya por máquina y no a través de planillas de firmas como lo hacían antes de que se conociera el caso.
Inclusive, el legislador se animó a hablar al respecto desde su banca en una sesión de la Cámara de Diputados. “Quiero humildemente decirles que me comprometo a someterme con humildad y despojarme de mis fueros, si el caso llega a los tribunales”, dijo en diciembre del 2013, poco antes de quedarse sin sus fueros.
En marzo de este año, la Cámara de Diputados aceptó su pedido de desafuero, para que el mismo se sometiera a la justicia ordinaria. “Los políticos, los líderes, estamos en desventaja al ser investigados por el simple hecho de pertenecer a la clase política, por eso ya somos condenados de antemano por lo medios de comunicación”, dijo al defenderse en aquella ocasión.
La indignación de la ciudadanía no se hizo esperar. Además de utilizar las redes sociales para manifestar su repudio y pedir el desafuero del legislador para que fuera sometido a la justicia, lo escracharon en sitios públicos.
Uno de los momentos más recordados ocurrió en febrero de este año, en medio del proceso judicial, cuando un grupo de ciudadanos “escrachó” a Ibáñez, su esposa y otras tres personas que se disponían a cenar en un restaurante capitalino. La reacción de la gente fue tal que se vieron obligados a abandonar el sitio.
A pesar de que la ciudadanía repudiaba abiertamente el caso y pese a que aparecían cada vez más pruebas en su contra, sus correligionarios optaron por mostrarse a su favor. Inclusive el propio presidente Horacio Cartes defendió a Ibáñez. “Creo que en los medios repercuten cosas que no siempre están ajustadas a cómo son la realidad”, manifestó el mandatario en diciembre del año pasado, desacreditando las investigaciones periodísticas y el proceso judicial contra el legislador.
Así también su compañero de banca, Dany Durand, lo defendió. “Políticamente, tal vez no sea correcto, pero por el lado humano, quién no querría que su hermano tenga un puesto”, dijo el diputado colorado el año pasado al ser consultado sobre el caso. Dijo que Ibáñez actuó “de buena fe” y que tal vez “cometió un error”, pero “también cometió muchos aciertos”, dijo.
Luego de un proceso de casi un año, de una serie de contradicciones y de chicanas jurídicas, el legislador reconoció hoy su culpabilidad en el caso. De esta manera, echó por tierra todo lo que venía repitiendo desde que el caso salió a la luz. También desechó de esta manera lo que dijeron sus mismos caseros, y desacreditó la defensa que sus correligionarios hicieron a su favor.
De esta manera, aceptó los hechos por los cuales se le acusa, eludió la prisión y se comprometió a donar G. 200 millones al Hospital de Clínicas y al Hospital Nacional, lo cual difícilmente hubiera hecho si el caso no tenía repercusión.
Al presentar el escrito ante la Fiscalía hoy, el diputado José María Ibáñez habló con los medios de prensa. Aprovechó la ocasión y destacó su propuesta para resarcir el daño. “Como ustedes podrán observar, el monto ofrecido supera en un 600% la estimación del supuesto daño patrimonial”, se jactó. Finalmente, dijo que “todos cometemos errores” pero que tiene intenciones de enmendar lo que hizo.