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La orden la llevó a cabo el oficial de justicia, Alfredo Pacían Galeano de Concepción en compañía de agentes policiales de la Comisaría Tercera de Horqueta, pero los labriegos no abandonaron el lugar.
Cerrito Totora está ubicado a unos 20 kilómetros de esta ciudad al que se ingresa por el ramal de la ruta V "Gral. Bernardino Caballero" conocido como calle 9 (zona norte). El presidente de la Asociación de Usuarios del Campo Comunal, Gaspar Areco señaló que defenderán las tierras que recibieron del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en el año 2000.
Dijo que las autoridades el Indert tuvieron en cuenta la ley sancionada por el gobierno nacional en la que las autoridades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo aprobaron como campo comunal a dichas tierras. Afirmó que la asociación cuenta con personería jurídica legalmente constituida para el usufructo de las tierras como pastoreo.
Areco dijo que la resolución del juez sería una estrategia de unos de los ministros salientes de la Corte Suprema de Justicia e hizo un llamado a los campesinos de la zona para sumarse a ellos en la lucha para que no se les despoje del campo comunal.
Por su parte el ex diputado del periodo 1998-2003, Néstor Cabañas (PLRA) dijo que la ley aprobada por el gobierno nacional no puede ser derogada a través de la Corte Suprema de Justicia.
Recordó que él presentó el proyecto de la ley para la expropiación de unas 937 hectáreas de tierras para que sean un campo comunal para los pobladores de Cerrito Totora. Señaló que tuvo que presentarlo desde el año 1998 unas tres veces y el proyecto fue aprobado en el año 2000.
Afirmó que las tierras estaban a nombre del quebrado Banco Nacional de los Trabajadores (BNT) y fueron expropiadas por la ley 1.589/2000 para Instituto de Bienestar Rural (IBR) actualmente denominado Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que posteriormente entregó como campo comunal a los pobladores.
Por otra parte, Cabañas cuestionó al juez Hugo Becker por dictaminar la orden judicial sin tener en cuenta la ley aprobada por el gobierno e indicó que el mismo debe ser destituido del cargo. También lamentó las ambiciones de las personas que desean apropiarse del campo comunal que utilizan los labriegos de la zona.