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El Ministerio de Hacienda explica igualmente que el polémico proyecto de ley no contempla cambios paramétricos ni de la base regulatoria, solamente establece un mecanismo de supervisión de los fondos jubilatorios, que hoy no tienen ningún control.
Insiste en que no implica "ninguna alteración del esquema actual de beneficios", y tampoco cambios en los años de aporte o el tiempo requerido para jubilarse. Añade que igualmente seguirán vigentes beneficios tales como la posibilidad de que los afiliados obtengan préstamos de sus respectivas cajas.
Asimismo, aclara que la futura Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones "no decidirá" sobre la aplicación de los fondos jubilatorios. "La autonomía de las cajas jubilatorias está preservada en este proyecto de ley", enfatiza.
Dice que, por el contrario, la Superintendencia de Pensiones apunta a convertirse en un "mecanismo eficaz de control de fondos", que actualmente no cuentan con ningún tipo de supervisión.
Agrega que, tras la reunión tripartita realizada ayer viernes entre los ministerios de Hacienda, Trabajo y representantes de los trabajadores y gremios empresariales, "se logró despejar las dudas" en cuanto al contenido del proyecto de ley, utilizando el diálogo como base para llegar a acuerdos importantes.
Al respecto, destaca que fueron modificados cuatro puntos dentro del proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Diputados: la eliminación del límite en los préstamos de las cajas a sus afiliados; contar con un consejo consultivo que consultará a las cajas para llevar adelante la regulación, imitando el modelo de la Superintendencia de Seguros.
Dice que el tercer punto se refiere a los límites de los instrumentos emitidos por los bancos que, según el sector bancario, no eran adecuados, por lo que acordaron eliminarlos y, por último, el periodo de transición para la plena adecuación, a partir de la promulgación de la ley, será de 36 meses.