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Una dotación de efectivos de la Policía, entre ellos miembros de Fuerzas Especiales, Cascos Azules y hasta un camión hidrante rodearon esta mañana el predio de una escuela ubicada en la colonia Guahory, donde acampan campesinos que habían sido desalojados días atrás durante un procedimiento bastante cuestionado.
Según señalaron a ABC Color voceros de los campesinos, la dotación policial atropelló la institución, rodeó a la gente e incluso el carro hidrante llegó a bombear agua contra el grupo de personas que se encontraba en el interior del local. Quienes se llevaron la peor parte fueron niños y mujeres, de acuerdo a las declaraciones.
Los policías, fuertemente armados, apuntaron contra la institución sin tener en cuenta a la población vulnerable que se encontraba allí. Los campesinos relatan que se llegaron a escuchar disparos al aire y que un niño habría recibido el impacto de un balín de goma.
“Ayer hablamos con el comandante de la Policía para ver qué solución se podría dar a la situación; él se limitó a decirnos que alguno de sus efectivos podría cansarse y que se podrían dar situaciones graves. La Policía creo que está incitando a que se los agreda para justificar la reacción”, dijo a este diario Arnaldo Brizuela, uno de los voceros.
“Ya no hay estado de derecho; los policías atropellaron una institución pública y avasallaron todos los derechos”, sentenció. Mujeres y niños reprendieron fuertemente a los efectivos, obligando a que el cuerpo policial se replegara y se retirara del lugar, según videos a los que tuvo acceso nuestro diario.
En setiembre pasado, la Policía realizó un cuestionado desalojo durante el cual se derribaron e incendiaron casas de campesinos que ocupan tierras de la colonia Guahoy desde hace varios años incluso. Unos 1.200 efectivos fueron destinados para el procedimiento.
Colonos brasileños admitieron que pagaron unos G. 200 millones a la Policía para la realización del procedimiento.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) confirmó a nuestro diario que los colonos de Guahory (distrito Tembiaporã, Caaguazú) tienen títulos de propiedad inscriptos en la Dirección General de Registros Públicos (DGRP). Muchos de ellos fueron entregados por el ente de forma irregular en el pasado y hoy están “legalizados” por haber sido registrados.
La abogada Miriam Cristaldo, quien estudió el caso, aseguró días atrás a ABC Cardinal que los brasileños compraron los títulos de propiedad con contratos privados ilegales y responsabilizó a un funcionario del Indert de esta situación. Dijo además que el actual titular de la institución, Justo Cárdenas, había prometido que se presentaría una denuncia ante la Fiscalía, pero que nunca se hizo.
El procedimiento de desalojo fue acompañado por un colono brasileño a bordo de un helicóptero proveído por la Entidad Binacional Yacyretá, lo que hizo que las críticas fueran en aumento.
Senadores opositores presentaron una denuncia tras el desalojo. Uno de ellos, Miguel Ángel López Perito, había relatado a la 730 AM que los campesinos habían sido “perseguidos como conejos” y aseguró que varias fueron las irregularidades del procedimiento.