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La justicia ordenó que la Contraloría General de la República dé a conocer las declaraciones juradas de los funcionarios públicos a todo aquel que las solicite. En conversación con ABC Cardinal este martes, el contralor Enrique García —imputado por varios supuestos delitos— dijo que está a favor de la divulgación de las mismas. Irónicamente, la CGR pone cada vez más trabas para hacerlo.
El argumento de García, casi inverosímil, es que no quiere tener “problemas con la ley” y que esperará la decisión de la Corte Suprema en relación a la información pública. Aseguró que las declaraciones juradas, de acuerdo a la ley actual, solo están a disposición de investigadores en procesos judiciales abiertos.
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Consultado del porqué justamente no acata una disposición judicial para que estas declaraciones sean conocidas por todos, no supo responder. “Apeló” a la honestidad del funcionario público para que ellos mismos den a conocer sus declaraciones juradas.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si estudia o no la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República (CGR) contra las sentencias de primera y segunda instancias que obligan al ente contralor a hacer públicas las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República de los últimos 20 años.
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El ente presentó la acción luego de que el juez Rubén Riquelme y el Tribunal de Apelación Primera Sala de Asunción fallaran a favor del periodista Juan Carlos Lezcano, quien había accionado judicialmente ante las reiteradas negativas de la CGR a entregar la información que es pública.
La máxima instancia judicial debería rechazar in límine la acción planteada por los abogados de la Contraloría General, como ya hizo anteriormente en otros casos en los que instituciones públicas intentaron negar el acceso a la información pública.