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El fiscal de Luque, José Morínigo en comunicación con ABC Color, mencionó que se constituyó el martes 15 de julio pasado al juzgado para incautar algunos documentos que puedan servir en el marco de la investigación, teniendo en cuenta que el informe de auditoría de la Corte, que revela irregularidades en cuestiones administrativas.
El juzgado de Sosa fue cuestionado por haber liberado en cuatro ocasiones a los presuntos autores de un ataque a la estudiante Camila Cabriza, baleada por "motochorros". La joven logró salvar su vida.
“Realizamos copia de lo incautado, a la par de solicitar informes a varias entidades,estadisticas. También nos reunimos con la gente de la Dirección de Auditoría en base al primer informe que presentaron. Es un trabajo minucioso, porque son cuestiones administrativas que debemos analizar si tiene incidencia penal; una vez que exista eso vamos a encausar la investigación”, explicó.
Todo esto saltó a la luz pública cuando fueron aprehendidos dos “motochorros” que asaltaron a la joven Camila Cabriza en mayo pasado. Ambos tenían causas por hechos similares, pero habían sido liberados por el juez Alberto Sosa y se ordenó la investigación del juzgado.
En el escrito elevado al presidente de la Corte, Raúl Torres Kirmser, el 11 de julio pasado, se solicita “de carácter urgente”:
a) La intervención del juzgado mencionado, debiendo, en consecuencia, requerir orden judicial y participación del agente fiscal de turno, para que conjuntamente con funcionarios de la Dirección de Auditoría Jurisdiccional y otras autoridades pertinentes procedan, bajo acta, a la revisión completa de todos los autos registrados y no registrados, así como resoluciones judiciales y administrativas, evidencias obrantes en el depósito mencionado y cualquier otra irregularidad detectada.
b) Con relación a la resolución de aceptación de la renuncia presentada por la actuaria Clieder Marlene Velázquez López, es dable destacar: 1- La fecha de cese de actividades por causa de su renuncia debe ser inmediata, previa entrega, bajo acta, de todas las instrumentales oficiales de su poder y con la constancia expresa de que la aceptación es ‘sin perjuicio de los sumarios administrativos actualmente en curso en la Superintendencia General de Justicia’.
c) Se solicita igualmente el cambio de todas las cerraduras de los despachos involucrados.