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“Se ha tomado conocimiento mediante manifestaciones públicas, que señalan que en el marco de una declaración testimonial, en una causa abierta, se habrían vulnerado derechos constitucionales como la libertad de expresión y de prensa, y otros derechos protegidos por la Constitución Nacional”, dice un comunicado de la Fiscalía emitido esta mañana, en alusión a la declaración testifical que tuvo que prestar la periodista de ABC, no solo frente a las fiscalas, sino también ante los abogados de Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto y Carmelo Caballero, procesados en el caso audios.
Señala que, si bien las actuaciones de los agentes fiscales están dotadas de autonomía, deben ajustar siempre sus actuaciones en el marco de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional.
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“Esta Fiscalía General reconoce la libertad de expresión como un derecho de carácter institucional, que constituye un pilar importante de la democracia y la libertad de prensa es uno de los instrumentos o canales para el ejercicio de la libertad de expresión y se reconoce como un derecho humano fundamental”, refiere el escrito dirigido a la opinión pública.
“En ese sentido, la Fiscalía General ha solicitado informes detallados a las agentes fiscales intervinientes, a fin de que se remita a la unidad de Control de Gestión para su análisis y evaluación”, indica el comunicado. La unidad de Control de Gestión del Ministerio Público tiene como responsables a la fiscala adjunta Gilda Villalba y al director Jorge Lebedich.
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Concluye señalando el comunicado: “La ciudadanía puede tener la seguridad de que la Fiscalía General seguirá bregando por instalar los procesos que sean necesarios, a fin de reencauzar la institucionalidad y devolver al Ministerio Público la esencia de su misión principal”.