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Poco después de la 1:00 llegó la fiscala Blanca Aquino, de San Lorenzo, al Campus. Los alumnos de la UNA habían solicitado su presencia desde las 21:30 luego de que fuera sorprendida María del Carmen Martínez Méndez retirándose a bordo de un móvil de la firma “Prevención SRL”, tras presuntamente haber retirado archivos del Rectorado.
La fiscala fue recibida con críticas por los manifestantes y uno de los líderes estudiantiles le manifestó que no dejarán que el móvil se mueva del lugar y exigieron que Martínez muestre las documentaciones que extrajo del Rectorado, a lo que Aquino señaló que el procedimiento de cateo del rodado no se hará esta noche, sino mañana, pero la mujer debía ser inspeccionada.
A la representante del Ministerio Público, al mencionar la necesidad de trasladar a la mujer para ser examinada por los peritos, los manifestantes le impusieron una condición: que designaran a dos universitarios acompañarán a Martínez en todo momento durante la intervención, proposición que fue aceptada por Aquino.
Así también, fue requerida para que intervenga en las oficinas del rectorado donde aparentemente todavía hay gente oculta, lo que intentó eludir en todo momento alegando que no le compete esa parte y que es responsabilidad de la Fiscalía Contra Delitos Económicos. Tras la insistencia, no vio otra salida que aceptar tomar intervención tras las denuncias.
Martínez, acompañada de la comitiva fiscal, abordó la camioneta del Ministerio Público, instante en que los demás funcionarios procedían a sellar y lacrar la patrullera en la que se encontraba la mujer. Los universitarios anunciaron que estarán en vigilia, expectantes y observando al personal de la fiscalía cuando se realice el peritaje de la camioneta, esta mañana.
Antes de que el vehículo de la Fiscalía se retire del Campus, los estudiantes cambiaron a los alumnos que tenían la misión de acompañar al personal interviniente por la desconfianza ante estos. Luego, el rodado partió hacia la comisaría 1ª de San Lorenzo. Aquino manifestó que volvería para intervenir el Rectorado.
Los estudiantes retuvieron dentro de la camioneta de la empresa de seguridad privada a la funcionaria María Martínez por más de cuatro horas, sin violencia y cuidando el rodado con un cordón humano para que nadie pueda incidentar. Luego de que la Fiscalía se retirara del Campus, los manifestantes se reunieron de nuevo frente al rectorado.
El exjuez Juan Ramón Bueno Jara, miembro del Consejo de la Magistratura, dijo en comunicación con Canal 13 que lo realizado por la agente fiscal Blanca Aquino no fue un procedimiento normal. Así también, critico la tardanza de la misma para llegar hasta el Campus, pues era requerida para cuidar las evidencias.
Así también, dijo que ella tiene toda la potestad para intervenir en este tipo de hechos, refiriéndose a la negativa de tomar el caso de la gente que se encontraría oculta dentro del Rectorado. “Ella debe actuar si es que hay evidencias, si es que hay denuncias de que hay quema de archivos, si hay olor. Tiene toda la potestad”, remarcó.
Agregó que tiene el deber de “demostrar que el Estado paraguayo, que las autoridades nombradas para este tipo de labor, están atentas a estos casos”, manifestó Bueno Jara. Dijo además que le llamó la atención el hecho de que “el fiscal general del Estado (Javier Diaz Verón) no haya designado una unidad especial para custodiar el Campus, porque hay peligro de que se pierdan evidencias importantes”.
La fiscala Blanca Aquino en el año 2004 había recomendado el sobreseimiento provisional a al intendente de San Lorenzo, Germán Villalba (ANR), y a los seis funcionarios que estaban siendo investigados por el desvío de G. 7.000 millones de la Comuna sanlorenzana. Aquino ignoró el informe de Contraloría que constató las irregularidades.
Aquino había presentado ante el juzgado de Fabriciano Villalba la conclusión de sus “investigaciones”, recomendando el sobreseimiento provisional para el intendente y los funcionarios, y el sobreseimiento definitivo para los concejales de la Municipalidad de San Lorenzo. Esto pasó luego de que en 2003 el fiscal Juan Claudio Gaona haya imputado a los miembros de la Comuna.