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El fiscal Fernández dijo a ABC Cardinal que, si bien no es tan frecuente, hay antecedentes de planteamiento de inconstitucionalidad sobre artículos del Código Procesal Penal, como lo planteó la defensa de los imputados, específicamente sobre el artículo que establece la prisión preventiva para los procesados por hechos punibles tipificados como crímenes.
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“Se atacó la modificación del 245 del Código Procesal Penal, que establece que si el hecho punible investigado es un crimen no podrán ser aplicadas medidas alternativas o sustitutivas a la prisión. Eso es lo que la defensa ha puesto en duda”, detalló Fernández.
Con respecto a los informes de Seprelad, base de la imputación, la defensa intenta argumentar que no pueden ser empleados como medio de prueba. “Cuando hablamos de un proceso penal, todo elemento de prueba que pueda aportar un dato útil para el esclarecimiento puede ser presentado y valorado en las distintas etapas del proceso penal. Es una obligación de Seprelad elevar una denuncia cuando detecte indicios de lavado”, expuso.
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Finalmente, dijo que los fiscales que investigan el caso solicitaron la aplicación de la prisión preventiva, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos investigados y el marco penal que establece una pena privativa de libertad de hasta 10 años. “Estamos conformes con la resolución del juez penal de garantías”, afirmó.
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