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Del 7 al 12 de diciembre son las fechas fijadas para la audiencia de imposición de medidas de las 11 personas imputadas por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y contrabando dentro de la investigación por compra de equipos de espionaje para la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
El miércoles 7 de diciembre es la fecha fijada por el juez penal de Garantías, Humberto Otazú, para que De Vargas y Rojas acudan a su audiencia de imposición de medidas.
Además de De Vargas y Rojas fueron imputados: Nicasio Bóbeda, Alfredo Bóbeda Mongelós, Silvia Jara Acha, Antonio Salvador Pereira Fretes, Silvio Alcides Amarilla Torales, Alberto Daniel Ferreira Martí, Adalberto Javier Benítez, Hugo Danilo González y Jessica Paola Reyes Aguilera.
El juicio político que derrocó a Fernando Lugo en 2012 trajo consigo numerosas movidas desde el momento en que una nueva administración se haría cargo de todo el aparato estatal. Es así que Francisco de Vargas, por entonces fiscal antidrogas, pasó a ser ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
Entre las primeras gestiones de De Vargas como titular de la Senad, cobró notoriedad el interés en apurar la compra de equipos de escuchas telefónicas a fin de potenciar la lucha contra este grave flagelo. El equipo en cuestión fue valuado en alrededor de US$ 2.000.000 en aquel entonces y se estableció que fuera adquirido de forma directa.
La empresa proveedora del instrumento se inscribió como proveedora del Estado en julio de 2012, apenas tres semanas después de que De Vargas fuera nombrado como ministro del Interior. Con un capital de apenas G. 60 millones, Televox SA ofreció un equipo de casi G. 10.000 millones, sin experiencia previa en el rubro, además de no contar con movimientos tributarios desde su creación, en 2008, hasta el momento en que trascendió lo referente a los equipos de espionaje telefónico.
Entre los meses de noviembre y diciembre de 2012 se hizo efectiva la transacción a favor de la Senad. Cabe recordar que esta compra no era del agrado de los asesores del entonces presidente Federico Franco; sin embargo, De Vargas apeló a una resolución interna para llevar adelante la compra por medio de la Unidad Operativa de Contrataciones.
En setiembre de este año, la Fiscalía constató por medio de informes del propio Poder Ejecutivo que la compra no fue autorizada. A esta irregularidad se suma el hecho de que los equipos eran obsoletos y su valor resultó ínfimo en comparación a lo desembolsado.
Luis Rojas, quien sucedió en el cargo a De Vargas en la Senad ya con el nuevo gobierno, promovió una nueva compra de equipos de escucha telefónica, también por la vía de la excepción. Una vez más, la firma beneficiada por el órgano estatal fue Televox SA, que se alzó con unos G. 1.200 millones.
Tras una constitución del Ministerio Público en setiembre de 2016, el segundo equipo no fue hallado, salvo el más antiguo adquirido bajo la administración de De Vargas, sin que pudiera comprobarse su funcionamiento.