Once personas fueron condenadas el lunes a penas de entre 4 y 30 años de prisión por el tribunal del caso Curuguaty, matanza que además causó la destitución en un juicio parlamentario de Lugo, actual senador del Frente Guasu.
La formación expuso en un comunicado que esta situación “pone más que nunca en evidencia la existencia de presos políticos en el Paraguay”.
En ese sentido, añadió que quiere comunicar la “grave situación” de esos presos a Almagro, quien mañana inaugura en Asunción una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre temas de pobreza e inclusión social en el continente.
El caso Curuguaty (este) se refiere a un operativo realizado el 15 de junio de 2012 por varios centenares de policías, que acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que habían ocupado para pedir que se integraran a la reforma agraria.
Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron once campesinos y seis policías.
Los once labriegos condenados fueron juzgados en relación a la muerte de los seis policías, mientras que la Fiscalía nunca investigó el fallecimiento de los once campesinos que perdieron la vida.
Además, el Frente Guasu denunció que el proceso “llevado a cabo por la Fiscalía ha estado visiblemente viciado”, y añadió que el fallo del tribunal “ha sido calificado como gravemente irregular” por organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos.
De los once condenados el pasado lunes, cuatro fueron puestos hoy en libertad al cumplir su pena con la reclusión preventiva que mantenían desde 2012.
La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución de Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).