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El 2 de abril el Consejo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) resolvió frenar preventivamente la financiación de proyectos denunciados por no poseer rigor científico, según el acta de la sesión. Por dichas denuncias también decidieron que los consejeros van a empezar a estudiar con mayor rigurosidad cada adjudicación.
La Sociedad Científica del Paraguay (SCP) denuncia que de esta forma el Consejo -donde hay empresarios, ganaderos y sindicalistas- evaluará los proyectos, tomando atribuciones de los comités evaluadores integrados por científicos. Varios consejeros se defendieron afirmando que solo es una mala interpretación.
El presidente de Conacyt, el ingeniero Luis Alberto Lima, reconoció a ABC Color que no existen denuncias formales. Solo que desde hace varias semanas usuarios de la red social Twitter cuestionaron la financiación a oenegés ligadas a la izquierda y denunciaron que el dinero público se usa para propaganda ideológica con una fachada de investigación.
Una de las investigaciones “denunciadas” es el de la Dra. Stella Benítez Leite, hecha a través de la Universidad Católica y publicada en el Indian Journal of Medical Research. El título es “Exposición a plaguicidas causa daño genotóxico” y sostiene que hay daños en el ADN de niños del área rural en Paraguay a consecuencia de de los agroquímicos.
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Lo llamativo es que Ricardo Horacio Felippo Solares, miembro del Conacyt por la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), fue el que mocionó que el Consejo pase a evaluar los proyectos a ser financiados, siempre según el acta de sesión. También secundó la de suspender las investigaciones denunciadas, como ésta sobre plaguicidas y que tiene un impacto negativo a uno de los sectores empresariales que representa.
Felippo sostuvo que no secundó la moción por el estudio de plaguicidas, sino por la forma cómo se llevo adelante la adjudicación. Insistió en que es necesario que el Consejo analice todos los proyectos y que cada sector dé su opinión, ya que actualmente es solo una comisión de evaluación la que tiene acceso a las propuestas.
Entre las otras investigaciones científicas atacadas en Twitter aparece una que calculó que en el 2012 los abortos inducidos en Paraguay llegaron a los 32.000. Estuvo a cargo de un equipo de nueve científicos, a través del Centro Paraguayo de Estudios de Población (Cepep).
También se cuestionó que el Centro de Documentación y Estudios (CDE), integrado por Lilian Soto, tuvo un financiamiento de G. 89 millones para un seminario internacional de Luchas y Alternativas para una Economía Feminista Emancipatoria. De la misma forma, la organización “Somos Gay” recibió G. 180 millones para un programa sobre infecciones de transmisión sexual.
“Hay un escepticismo sobre posibles trabajos evaluados relacionados con cuestiones de género, sobre uso de agroquímicos y sobre el aborto”, cuenta el Dr. Antonio Cubilla, director del Instituto de Patología e Investigación (IPI), quien salió a cuestionar, al igual que muchos de sus colegas, la decisión de los consejeros del Conacyt.
La Sociedad Científica del Paraguay (SCP) emitió un comunicado en el que se muestra preocupada porque el Consejo, donde no hay una mayoría de científicos, pasará a evaluar los proyectos científicos para ser adjudicados. Los consejeros no están calificados porque no tienen la formación para poder evaluar, expresó el Dr. Cubilla, miembro también de la organización.
“Es un profundo desconocimiento de cómo funciona la ciencia”, lamentó Antonio Cubilla. Afirmó que están a favor de ser cada vez más exigentes, pero que sean científicos los que evalúen.
Luis Alberto Lima sostuvo que el Consejo del Conacyt no reemplazará a los evaluadores, sino que se resolvió establecer más exigencias a la hora para aceptar un proyecto científico. No obstante, reconoció que aun no saben qué otros requisitos plantearán y es por ello que también decidieron postergar las adjudicaciones hasta tanto se defina.
Enfatizó que el objetivo es que primero los consejeros aprueben, ya con mayor rigurosidad, para que luego analicen los evaluadores (nacionales e internacionales) y posteriormente se adjudiquen. Aunque reconoció que esta modalidad no se aplicará en 2019 porque los proyectos ya cuentan con el visto bueno del comité nacional y actualmente están en proceso de análisis en el comité de pares del extranjero.
Felippo también coincidió en que la SCP tiene una interpretación errada de lo que realmente resolvieron. "Los proyectos serán evaluados como siempre. Solo que los estudiaremos a cada uno con más detenimiento", afirmó.
El Consejo de la Conacyt cuenta con solo un representante de la SCP, uno de universidades públicas y otro de universidades privadas. Luego son de la Secretaría Técnica de Planificación, y de los ministerios de Industria, Agricultura, Educación, Salud y Tecnologías de la Información.
También tienen un representantes las centrales sindicales, una asociación Mpymes, la Asociación Paraguaya para la Calidad (APC), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Feprinco.