Castillo explicó que, cuando adolescentes adictos a drogas cometen infracciones penales, son enviados a centros penitenciarios para menores de edad, donde no se cuenta con personal ni medios para dar una respuesta adecuada en el tratamiento de sus adicciones.
“Los centros de educación de menores tienen objetivos educativos y no son centros de salud pública. La reinserción en muchos casos llega con un tratamiento médico y no solo punitivo”, dijo el responsable del Senaai.
En este contexto, en la madrugada del lunes se produjo la fuga de 24 adolescentes del Centro de Educación Integral de Itauguá, la mitad de los cuales fueron capturados o regresaron al centro acompañados por sus familiares, mientras que 12 de ellos continúan prófugos.
El funcionario admitió que la abstinencia del consumo de drogas de los jóvenes internos en centros educativos genera “inestabilidad y tensión”.
Castillo explicó que la fuga se produjo cuando el personal abrió uno de los pabellones para trasladar a un interno que estaba sufriendo convulsiones, momento que algunos menores aprovecharon para escapar.
La fuga se produjo dos días después de que los menores fueran sometidos a una revisión en la que se les decomisaron 20 objetos punzantes, 15 teléfonos celulares y 7 pipas de crack, entre otros, según la Policía Nacional.
El funcionario del Senaai explicó que muchos internos emplean los teléfonos celulares para contactar con sus familiares y pedirles que les suministren drogas durante sus visitas.
Advirtió además que muchos menores se exponen al consumo de varias sustancias como la marihuana o la pasta base de cocaína una vez ingresan al centro y contactan con otros internos, algunos de ellos procesados por tráfico de drogas.
El titular del Senaai abogó por el uso de medidas alternativas al internamiento que permitan al adolescente recibir tratamiento médico adecuado contra las adicciones en caso de que lo necesite, y criticó el “abuso de la prisión preventiva” para menores en Paraguay.
“De los 357 adolescentes internos en los 8 centros educativos de menores en Paraguay, sólo 30 han sido condenados en relación con infracciones penales. El resto permanecen en prisión preventiva a la espera de que se resuelva su proceso”, expuso.
En Paraguay, cerca del 70 por ciento de la población de las penitenciarías no tiene una condena debido a la dilación de los procesos judiciales, según el Ministerio de Justicia.
Agregó que los magistrados deberían dictar “medidas alternativas” como los trabajos sociales, que se están empezando a desarrollar con planes piloto en adolescentes infractores con buena conducta que realizan tareas en sus comunidades.
Detalló además que el Senaai trabaja con las familias de los menores y con sus comunidades para asegurar su inserción social y laboral una vez abandonan los centros.
“La mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley son víctimas de la pobreza económica y educativa, que sólo son visibles cuando cometen un delito causado por el olvido en que les tiene la sociedad”, concluyó Castillo.
En relación con los centros de menores, Paraguay cuenta con una sentencia en su contra dictada en 2004 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por violar los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y a la protección judicial de los aproximadamente 4.000 jóvenes que estuvieron en el Centro Educativo de Itauguá (conocido como Panchito López) entre 1996 y 2001.