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Del encuentro participaron autoridades municipales como el intendente de Iturbe, Darío Cabral, concejales, dirigentes del sector cañicultor y trabajadores de la firma, en ese sentido el jefe comunal sostuvo que esta reunión debió realizarse antes de la presentación del proyecto de ley en la Cámara de Senadores la semana pasada y se tiene previsto tratarlo sobre tablas en la sesión del próximo 4 de setiembre.
Dijo además que la prioridad actual es que la fabrica funcione ya sea a través de la venta de la azucarera, que está en proceso de liquidación a través de un fideicomiso de garantía, o a través del proyecto de la expropiación planteada por los legisladores, cabe recordar que la propuesta de Alfonso es acompañada por el colorado Nelson Aguinagalde, la liberal Zulma Gómez y los senadores del Frente Guasú, Fernando Lugo y Sixto Pereira.
Por su parte, Juan Francico Armoa, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Azucarera Iturbe SA sitraisa, no cree que el proyecto legislativo tenga un resultado favorable, pero recalcó que en este momento necesitan los cañicultores obreros y transportitas es una compra de la deuda, prometida por el presidente de la República, Horacio Cartes..
A su turno Augusto Saldívar, titular de la Asociación Agrícola Cañera Orgánica de Iturbe, consideró que la estatización de la fábrica traerá mayores beneficio a toda la comunidad y terminará de una vez por todas, los problemas de la azucarera.
Referentes del Poder Ejecutivo, como el ministro de Industria y Comercio, así como gremios industriales se oponen a que la azucarera sea manejada por el Estado ya que aseguran que se trata de un salvataje con dinero público a favor de un particular, la propuesta del Gobierno es poner hasta 15.000 millones de guaraníes para pagar a los productores y asumir la demanda que estos tienen contra la azucarera para recuperar el dinero.
La Azucarera Iturbe arrastra una deuda de G. 62.800 millones con diversas instituciones como: la Subsecretaría de Tributación, G. 24.000 millones; la ANDE, más de G. 3.000 millones; y el Instituto de Previsión Social (IPS), G. 18.000 millones.