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Según afirmó Norma Duarte, integrante de la articulación de protesta que se formó tras la muerte de la niña Carolina Marín a manos de su tutor, tienen datos certeros de que la mujer se encontraba en la casa al momento de producirse la fatal golpiza. Además, los ciudadanos organizados tienen numerosas exigencias al Estado. Piden que el fiscal cambie la carátula del expediente: de homicidio culposo a doloso.
Plantean también la creación de un sistema de protección, así como lo establece la Ley 1.680. “Las municipalidades del país deben tener una Consejería Municipal por los Derechos del Niño (Codeni) con presupuesto y equipo técnico”, explicó Norma Duarte, coordinadora de la organización Callescuela y ciudadana indignada integrante de la articulación "Ni una Carolina más".
Unos 15 representantes del movimiento ciudadano conformado tras la muerte de la adolescente, viajaron hoy hasta Vaquería, para acompañar a los pobladores de la zona en la manifestación, que partió desde la plaza central del distrito hasta la Fiscalía de Yhú.
Una vez en el sitio, exigieron al fiscal del caso, Gustavo Chamorro, que la calificación del caso sea cambiada de homicidio culposo a homicidio doloso. Los manifestantes argumentaron que hay suficientes elementos para demostrar que el exmilitar Tomás Ferreira tuvo toda la intención de hacerle daño a la menor.
Además, otra exigencia es que se abra la investigación y se incluya a la tutora Ramona Melgarejo en la imputación, pues, según aseguran pobladores de Vaquería, ella también es responsable por lo ocurrido, ya que siempre se comportó de forma violenta y autoritaria, no solo con la niña, sino con sus vecinos.
“Todos los pobladores están convencidos de que esta madre adoptiva tiene mucha culpabilidad porque tiene mucho manejo de poder en la zona. Los docentes tienen temor de manifestarse, siendo que todos saben que Carolina iba a la escuela sucia y descuidada. Había mucho temor pero ahora la gente está hablando”, comentó Norma Duarte a ABC Color en una entrevista telefónica desde la localidad de Vaquería.
La articulación "Ni una Carolina más" exige también que se investigue a otras instituciones responsables, como el caso del juzgado que otorgó la guarda de Carolina hace años. “No se acompañó con un seguimiento de psicólogos y trabajadores sociales, como debería haber sido”, denunció Duarte. La integrante de la articulación ciudadana advirtió que, si el fiscal se mantiene en la posición de no cambiar la carátula, recurrirán al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y exigirán que se audite el procedimiento del fiscal Chamorro.
Un hecho que llama bastante la atención de los ciudadanos organizados para hacer justicia por Carolina Marín es el hecho de que hay otra menor que sigue viviendo en la casa de la familia Ferreira Melgarejo. “No entendemos cómo la Defensoría de la Niñez no intervenga de oficio para sacar a esta joven del sitio. Entendemos que tendría aproximadamente 17 años y desconocemos si la tienen como criada o no, pero es urgente que se investigue”, apuntó Norma Duarte.