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El juicio se inicia oficialmente el 5 de agosto, a las 09:30. Se convocará a una sesión extraordinaria en que se escuchará la acusación de la Cámara de Diputados a cargo de los fiscales acusadores. De esta manera, se da apertura oficial al proceso, explicó hoy el senador liberal Fernando Silva Facetti.
La defensa tendrá una semana para preparar su descargo. Luego, el martes 11 de agosto, se presentarán las pruebas por parte de los fiscales acusadores y al día siguiente se escuchará a su defensa. Los fiscales acusadores serán los diputados Ramón Romero Roa, Eusebio Alvarenga, Olga Ferreira, Bernardo Villalba y Óscar Tuma, informó la agencia IP Paraguay.
Velázquez Gadea está involucrado en varios casos de sospecha de corrupción dentro de la institución a su cargo. De todas las denuncias, la que más tomó notoriedad fue la de la “secretaria VIP”, Liz Paola Duarte Meza. Se comprobó que la mujer, sin título universitario, cobraba casi como un ministro, sin siquiera asistir a la institución.
Por este y otros casos, también está en camino de ser enjuiciada la subcontralora Nancy Torreblanca, de extracción liberal. Ambos están en el cargo desde 2010, pero recién ahora, en el último tramo de su gestión (que dura cinco años, según la ley), salieron a la luz los indicios de corrupción, a través de publicaciones periodísticas. A pesar de que ambos están a punto de cumplir su tiempo, las denuncias y el juicio político en proceso, se aferran a sus cargos.
En la sesión pasada se aprobó la reglamentación para este juicio político. Se acordó respetar el “debido proceso” y extender todo el juicio en cinco sesiones. El titular del Congreso, Mario Abdo Benítez, aseguró que se tomarán todos los recaudos para respetar el tiempo y el proceso. “Tenemos que darle un tiempo para que se prepare la defensa (…) Vamos a respetar el debido proceso entre la acusación y la defensa”, dijo el senador la semana pasada. Justamente, el tema del tiempo fue uno de los cuestionamientos más fuertes durante el juicio político que destituyó al expresidente Fernando Lugo en 2012. En aquella ocasión, se aprobó el juicio en Diputados y se juzgó en el Senado en menos de 24 horas.
Al mismo tiempo que se lleva adelante el juicio político, también se convocó a concurso para buscar un nuevo contralor y subcontralor, debido a que los actuales asumieron en 2010, es decir, están a punto de cumplir los cinco años al frente de la Contraloría General de la República, el tiempo establecido en la Constitución Nacional (artículo 281). Esta institución es una de las más importantes en la estructura del Estado, ya que “es el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades” y, para ello, goza de autonomía funcional y administrativa, característica que lastimosamente se usó en esta última administración para un evidente manejo discrecional.
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