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“Nosotros ya tomamos posición (a favor de la pérdida de investidura de Dioniso Amarilla) y esperamos que las otras bancadas tomen posición, sobre todo la oficialista, que viene con esta bandera del 'caiga quien caiga' en cuestión de corrupción (...) y se pueda definir seguramente la semana que viene”, manifestó esta mañana el senador Stephan Rasmussen, de Patria Querida.
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Asimismo, destacó que se necesitan 23 senadores para conformar el quórum necesario para tratar el proyecto de resolución que plantea la expulsión de Amarilla y la nota de solicitud presentada ayer solo fue firmada por 13. Agregó que varios colegas no firmaron, pero dijeron que apoyarán el pedido en la sesión.
Asimismo, sobre la negativa del presidente Mario Abdo Benítez de sentar postura oficial sobre el caso Amarilla, antes de que se investigue a profundidad, añadió que no es necesaria una investigación del Ministerio Público para llevar adelante una pérdida de investidura y que el mismo mandatario, cuando era parlamentario, había firmado el proyecto de ley en el cual se hablaba al respecto.
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Asimismo, en otro momento indicó que tanto la Constitución Nacional como las leyes son muy claras y estipulan que el funcionario tiene un poder en relación a la utilización de fondos públicos y, por ende, está sancionada la utilización de dicho poder para beneficio propio o de terceros.
El senador Amarilla fue grabado cuando aparentemente actuaba como mediador en un intento de soborno a un periodista de este diario. El objetivo era "desinflar" las publicaciones que viene haciendo el comunicador sobre la licitación de G. 140.000 millones para proveer servicio de seguridad al Instituto de Previsión Social (IPS).
Por otra parte, destacó que hay muchas falencias en nuestros procesos de contrataciones públicas, sobre todo por la corrupción pero también por la ineficiencia. Rasmussen consideró que desde el primer momento en que se redactan bases y condiciones que están direccionadas a un sector se rompe el esquema de competencia y generalmente el Estado termina perdiendo, por pagar precios más altos. “Evidentemente es un mal gasto”, añadió.
Indicó que es necesaria una revisión completa de todo el sistema de contrataciones y también del propio sistema del Instituto de Previsión Social, puesto que ni siquiera los miembros del Consejo realizan los controles como deberían.
Cabe destacar que, entre 2008 y 2019, el presupuesto que el IPS destina para seguridad y vigilancia se elevó notablemente. El incremento fue de más de 1.000%.
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