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Hace una horas llegó al diario ABC Color un sobre despachado el 6 de julio en la prisión de Stanley, en Hong Kong. Con una letra prolija y con documentos originales adjuntos, Fabio Antonio Osorio, de Ciudad del Este, cuenta en ella su anhelo y el de otros compatriotas de ser transferidos para cumplir sus penas en suelo patrio.
En tres hojas manuscritas Fabio desgrana su historia: está recluido desde el 2014, pagando una condena de 16 años y 8 meses. Él mismo en Hong Kong, y en Paraguay su madre, Celestina Ozorio, han solicitado por diversas vías una sola cosa: la trasferencia.
“Sabemos que el gobierno de Hong Kong no se opone a que nosotros seamos transferidos si nuestro país nos acepta y podríamos así terminar de cumplir nuestras sentencias en prisiones de Paraguay, cerca de nuestras familias, con nuestro propio idioma, con nuestras, con nuestra propia alimentación, con nuestras propias costumbres, además de poder rehabilitarnos y tener la oportunidad de volver a iniciar nuestras vidas con otros planes y con la convicción de hacer bien las cosas. Desafortunadamente sentimos que nuestro país no nos toma en cuenta o nos quiere dar esta oportunidad”, escribe Fabio con letra redonda.
Cumplir una condena en el país de origen es un derecho para las personas privadas de su libertad según la Ley N° 2195/2003, que aprueba la Convención Internacional para el cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero. Las condiciones para que se aplique la convención son las siguientes: que haya una condena firme y definitiva, que la persona sentenciada otorgue su consentimiento al traslado, que el hecho que motivó la condena sea también un delito en el Estado receptor, que el condenado sea nacional del Estado receptor, que el tiempo de la condena por cumplirse al momento de la solicitud sea de por lo menos seis meses y que la aplicación de la sentencia no sea contraria al ordenamiento jurídico interno del Estado.
En su carta Fabio argumenta que cumple cada uno de los siete requisitos. “Tengo 16 años y 8 meses de sentencia firme y definitiva. He otorgado expresamente mi consentimiento siendo que soy el que pide traslado y sí, estoy muy bien informado de las consecuencias legales. El tráfico de estupefacientes es un delito grave en Paraguay. Paraguay tiene la misma, o mejor dicho casi la misma setencia que Hong Kong. Todos los requisitos exigidos por parte del gobierno paraguayo están completos, pero aún no tenemos respuestas concretas”, señala.
Uno de los pedidos hechos por su madre, sin respuesta, data del 18 de mayo de 2016.
Celestina Osorio habló con el programa Ancho Perfil, en ABC Cardinal, y contó que solo puede hablar con su hijo preso en el lejano Oriente cada dos meses, por tres o cuatro minutos. “Estamos desesperados, hace cuatro años que no lo veo. Él me dijo que iba a ir a Chile, a trabajar. Ni siquiera se despidió de mí, yo me enojé con él porque desapareció dos o tres días. Una noche me llamó y me dijo que estaba preso en Hong Kong y me dejó helada”, narró.
Junto con otros familiares de condenados en ese país (hay ocho paraguayos, varios de Ciudad del Este), Celestina espera con ansias el 15 de agosto, con el anhelo de que el canciller que asuma ese día, Luis Alberto Castiglioni, preste atención a su reclamo. Guarda consigo una carta escrita también por su hijo Fabio, dirigida al futuro ministro de Relaciones Exteriores, en la cual le pide que se ocupe de su caso.
La mamá de Fabio dijo haber sido informada por la Cancillería, en noviembre de 2017, de que “están todos los documentos” para la extradición de su hijo, y que solo esperaban una llamada de las autoridades de Hong Kong.
La cuestión diplomática entre Paraguay y esta antigua colonia británica, hoy convertida en una región administrativa especial de China, no es fácil, porque no hay relaciones diplomáticas. Por eso los paraguayos presos en esa isla deben contactar a la embajada de Paraguay en Japón, a casi 3.000 kilómetros de Hong Kong. En el sobre que envió a ABC, Fabio incluyó una carta original que le envió la sección consular de esa embajada, fechada el 15 de junio de este año.
Por toda respuesta, y con una firma ilegible, dice apenas que “el Buró de Seguridad de Hong Kong ha solicitado informaciones adicionales sobre la legislación paraguaya. Las autoridades en Paraguay han sido notificadas de este pedido y estarán proporcionando la información en la mayor brevedad”.
El mismo Buró de Seguridad envió una carta a Fabio el 26 de junio, en la que le informa que recibió documentos referidos a su solicitud de transferencia y que ha vuelto a dirigirse a la Embajada de Paraguay en Japón el 11 de abril de 2018 para solicitar más información y aún está aguardando su respuesta.
Fabio escribe: “Esta es la respuesta que siempre da el Buró de Seguridad. Siempre me dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque Paraguay es el que está tardando”.
Fabio es uno de los al menos ocho presos paraguayos en cárceles de Hong Kong por tráfico de drogas. Todos ellos conocieron y recibieron asistencia del sacerdote australiano John Wotherspoon, capellán penitenciario.
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En enero de este año Wotherspoon hizo una gira por países sudamericanos con un doble propósito: traer y llevar mensajes de presos a sus familiares y difundir su campaña “No más mulas”, que busca evitar que más gente caiga en las redes de traficantes y tratantes de personas.
“Los peces gordos no caen. Hacen un gran mal, y si hay un infierno, es el lugar al que irán para siempre”, dijo el sacerdote en la redacción de ABC Color el 13 de enero, convencido de que cuanta más gente conozca los riesgos de ser mula y entienda que un camino que se presenta tentador y hasta fácil puede significar una desgracia, más familias se librarán un destino terrible y doloroso.