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Con nuevas estrategias a casi 100 días de escraches, esta noche los indignados aseguraron que tanto los diputados como senadores "subestiman a la ciudadanía con el proyecto de creación de una Comisión que trate la pérdida de investidura. "El artículo 201 de la Constitución Nacional es de aplicación directa. El artículo es claro y no hay nada que tratar en ninguna comisión", dijeron.
Los indignados llegaron hasta el barrio Tembetary para escrachar al diputado Luis Urbieta, hermano de Alejandro Urbieta intendente de Concepción, donde otro grupo de números ciudadanos llevan 9 días de movilización exigiendo la renuncia del jefe Comunal.
Mediante una nota en la cual enuncian la situación actual que se vive en Concepción tras la presión ciudadana, los concejales colorados Ytalo Centurión, Rodolfo Villalba, Javier Villagra y César Samudio, exigieron la renuncia del intendente Alejandro Urbieta Cáceres, por la paz de ciudad y la protección de la administración municipal.
También, pusieron "un plazo" a las instituciones para que actúen contra los parlamentarios con procesos judiciales.
Los concepcioneros como en otros puntos del país, decidieron salir a las calles para repudiar a los políticos locales, y llevan al menos nueve días de manifestación continua.
Tanto ciudadanos como políticos de oposición piden que la Contraloría General de la República (CGR) realice un examen especial a la municipalidad local administrada por el intendente Alejandro Urbieta (PLRA). Este pedido fue aprobado por la Junta Municipal.
Por su parte, Gladys Galeano, del SIMUCA, sostuvo que salieron a la calle para impedir una de las mayores estafas que pretende concretar la comuna capitalina, a través de la privatización en el cobro de impuestos.
“Estamos capacitados los funcionarios, se compra el software y del resto nos encargamos nosotros”, apuntó la sindicalista.
Los sindicalistas a su vez, se dirigieron al domicilio del exintendente Arnaldo Samaniego, para exponer sus cuestionamientos ya que temen que muchos asuncenos se vean en la necesidad de rematar sus propiedades al no poder cumplir con sus obligaciones tributarias.