En el juicio se procesa a 11 campesinos acusados de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso, y la Fiscalía pide para ellos penas de prisión de entre 5 y 30 años, mientras que la defensa reclama que sean absueltos.
La acusación refiere a los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012, cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a cerca de 70 campesinos de las tierras que ocupaban en el distrito de Curuguaty para pedir que se integraran a la reforma agraria. Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron once campesinos y seis policías, pero la Fiscalía no investigó la muerte de los once labriegos.
El tribunal manifestó que, debido a la complejidad del juicio, en el que declararon más de un centenar de testigos, y la cantidad de documentos como pruebas periciales o vídeos exhibidos en el proceso, resolverá el caso de cada procesado “uno a uno” y comenzará a leer su veredicto el próximo lunes 11 de julio. Antes del cierre del proceso, los once acusados pidieron la palabra al tribunal y exigieron su puesta en libertad después de cuatro años de prisión preventiva; recordaron a algunos de sus familiares muertos en la masacre y pidieron que se esclarezcan las muertes de las 17 víctimas de la matanza.
Uno de los acusados, Rubén Villalba, el único que permanece en prisión condenado por una causa de 2008 y a quien la Fiscalía pretende imponer una pena de 30 años de cárcel y diez años de medidas de seguridad, exigió además que no se le condene por su “ideología” o por “pensar diferente”. La Fiscalía sostiene que los campesinos, un grupo de alrededor de 70 personas, tendieron una emboscada a los más de 300 policías especializados y provistos de armas largas que intervinieron en el desalojo.
“Hemos explicado de manera detallada las circunstancias, nos referimos con precisión a los hechos y con una correlación con las pruebas desplegadas en el proceso”, declaró a Efe Nelson Ruiz, uno de los fiscales de la causa. Ruiz admitió que en la obtención de algunas evidencias, como los casquillos de las balas disparadas en la masacre, no se respetó la “cadena de custodia”, por lo que la Fiscalía no pudo utilizar determinadas pruebas por ser “ilegítimas”, pero que esto no implica debilidades o nulidad de la actuación fiscal.
Por su parte, el abogado Marcos Shirakawa, defensor de uno de los campesinos y que fue quien cerró este lunes los alegatos finales de la defensa, ratificó la “inocencia rotunda y categórica” de los procesados. “Desde la investigación, la Fiscalía se equivocó, cometió errores y violaciones del proceso, y durante el juicio no pudo sostener los hechos ni las acusaciones, no pudo probar la actuación ni los presuntos delitos de los acusados”, afirmó Shirakawa.
Reiteró que los acusados soportan “cuatro años de un proceso injusto y viciado, que violenta sus derechos humanos”, y agregó que tienen “esperanzas en que el tribunal sea imparcial y objetivo” al examinar las pruebas del proceso, y declarar la absolución de los campesinos. La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución del entonces presidente Fernando Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como Mercosur y Unasur.