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En Paraguay, antiguo paraíso de la corrupción, las manifestaciones populares obtienen resultados La organización de vigilancia anticorrupción global Transparencia Internacional describe a Paraguay como un “monolito en el estudio de la corrupción”. Es decir, un país que ofrece un caso de estudio sobre la dificultad de recuperarse de una dictadura que institucionalizó la corrupción. Este tipo de estudios quizá deban escribir un nuevo capítulo ahora que los paraguayos han introducido nuevas armas a la batalla: papel higiénico y huevos.
Paraguay, un país pequeño sin acceso al mar en el centro de Sudamérica con una población de menos de siete millones de habitantes, tiene una larga historia de conflictos, revoluciones y golpes de Estado seguidos de 35 años de un gobierno autocrático liderado por el general Alfredo Stroessner, un violador de derechos humanos en serie que promovía la corrupción. “La corrupción es el precio de la paz”, argumentaba.
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El país aún no se ha liberado de ese yugo, pese a múltiples y arduos esfuerzos. Se han establecido varias instituciones para combatir la corrupción, pero estas se han topado con hábitos corruptos profundamente arraigados en la política y en el poder judicial. En el “índice de percepción de la corrupción” de Transparencia Internacional, el cual mide el nivel de corrupción percibido entre los funcionarios del sector público, en la región de Sudamérica, el único país que se clasifica por debajo de Paraguay (el cual a su vez empata con Bolivia), es Venezuela. Además, de acuerdo con Latinobarómetro, una organización encuestadora latinoamericana, los paraguayos tienen uno de los niveles más bajos de apoyo a la democracia en América Latina. El Partido Colorado del general Stroessner se ha mantenido en el poder desde que él fue derrocado en un golpe militar en 1989, con la excepción de un periodo de cuatro años. El presidente en funciones, Mario Abdo Benítez, pertenece al ala conservadora del partido; su padre fue el secretario personal del dictador.
Esto no quiere decir que los paraguayos, o sus dirigentes electos, sean forzosamente adictos de manera congénita a la malversación y el soborno como estilo de vida. Lo que significa es que los países con historiales largos de corrupción rampante y sistémica, a menudo como consecuencia de un gobierno autocrático, se enfrentan a enormes obstáculos para erradicar esta peste, pues infecta las mismas instituciones, políticas y judiciales que se requieren para combatirla.
María Esther Roa no se dio por vencida. Tal como lo reportaron Ernesto Londoño y Santi Carneri en The Times, Roa, una abogada penal en Paraguay, y otros organizadores, la mayoría mujeres, decidieron que ya era suficiente cuando José María Ibáñez, un senador que admitió haber usado fondos públicos para pagarles a los empleados de su casa de campo, sobrevivió a una votación en torno a su destitución. Dado que las instituciones responsables no le dieron respuesta, Roa decidió probar con la humillación pública.
Al día siguiente de que la votación sobre la destitución del senador fracasó, Roa se reunió con colegas activistas afuera de la casa de Ibáñez para golpear ollas y sartenes, mientras coreaban “¡Fuera Ibáñez!” y cubrían la casa con papel higiénico y huevos crudos, los cuales pronto empezaron a apestar. Para asombro de todos, Ibáñez renunció.
Le siguieron otros dos senadores; los fiscales se apresuraron a presentar cargos en contra de otros cinco funcionarios y abrieron investigaciones sobre varios más. A medida que las manifestaciones de puerta en puerta, conocidas como escraches, se multiplicaron y se difundieron en redes sociales, los políticos y sus parejas empezaron a ser rechazados en restaurantes o salones de belleza de lujo.
Los que se oponen a los escraches han dicho que estos pueden tornarse violentos, que se están destruyendo reputaciones sin juicio previo, que están aterrorizando a familias. En efecto, ha habido algo de violencia, tanto cometida por los manifestantes como en su contra, lo cual preocupa a Roa. Sin embargo, en una sociedad que parece estar atrapada en un ciclo inquebrantable de corrupción, ella y sus colegas ven las protestas y la humillación pública como armas de último recurso. “Al menos ahora tenemos esperanza”, dijo una activista. “Antes no teníamos nada”.
Si funciona, la pequeña nación de Paraguay quizá quede registrada como un “monolito en el estudio de la superación de la corrupción”. Un vistazo a la lista de Transparencia Internacional permite ver que hay bastantes países que necesitan desesperadamente una sacudida para romper con sus hábitos de malversación, soborno e impunidad.
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