Cargando...
Los senadores Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) y Desirée Masi (PDP) dieron ejemplo de transparencia y fueron los primeros legisladores que decidieron hacer públicas sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
Ambos decidieron hacer esto mientras la Contraloría General de la República (CGR) sigue peleando contra sendas sentencias judiciales que obligan al ente de control a hacer públicas las Declaraciones Juradas de las más altas autoridades de la República de los últimos 20 años.
Masi adelantó a través de redes sociales que el Partido Democrático Progresista presentará un proyecto de ley para que las Declaraciones Juradas sean públicas ni bien sean presentadas ante la Contraloría.
La senadora había prometido semanas atrás que haría públicas sus Declaraciones Juradas de 2013 y la que presentó ahora al iniciar un nuevo período como legisladora. Los documentos fueron entregados al Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública, que las publicó en su sitio web.
Por su parte, Cubas posteó copias de su primera declaración jurada como senador en su perfil en la red social Facebook, apenas al presentarla ante el ente de control.
Vea aquí la declaración jurada de la senadora Masi presentada en 2013.
Vea aquí la declaración jurada de la senadora Masi presentada en 2018.
Vea aquí la declaración jurada del senador Paraguayo Cubas presentada en 2018.
Los diputados de Patria Querida Sebastián Villarejo, Sebastián García y Rocío Villarejo y la encuentrista Kattya González; además del exsenador Carlos Amarilla también habían anunciado que entregarán de forma voluntaria sus declaraciones juradas de bienes y renta para que la ciudadanía pueda acceder a las mismas.
Además, la Asociación de Jueces del Paraguay solicitó a la CGR hacer públicas las declaraciones juradas de los magistrados en la brevedad posible debido a que el ente de control, por todos los medios jurídicos, se viene oponiendo a entregar los informes que fueron declarados públicos.
El camarista Delio Vera Navarro, presidente de la Asociación de Jueces, envió una nota al contralor José Enrique García, donde le solicitó que en la brevedad posible haga públicas las declaraciones juradas de los magistrados de ese gremio para contribuir así con la transparencia de gestión de estos servidores públicos.
Mientras tanto, la Contraloría General de la República sigue buscando para no entregar a la ciudadanía las Declaraciones Juradas de sus autoridades. Ahora es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la posibilidad de dar un corte definitivo a la situación y rechazar in limine la acción de inconstitucionalidad que planteó el ente.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si estudia o no la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República (CGR) contra las sentencias de primera y segunda instancias que obligan al ente contralor a hacer públicas las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República de los últimos 20 años.
El ente presentó la acción luego de que el juez Rubén Riquelme y el Tribunal de Apelación Primera Sala de Asunción fallaran a favor del periodista Juan Carlos Lezcano, quien había accionado judicialmente ante las reiteradas negativas de la CGR a entregar la información que es pública.
La máxima instancia judicial debería rechazar in limine la acción planteada por los abogados de la Contraloría General, como ya hizo anteriormente en otros casos en los que instituciones públicas intentaron negar el acceso a la información pública.
Cuando el Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI) planteó una acción de inconstitucionalidad contra decisiones de primera y segunda instancias que favorecieron al Consejo de la Magistratura, la Corte rechazó sin estudio alguno la acción señalando que “no se trata de una tercera instancia para el estudio de cuestiones suficientemente debatidas en las instancias inferiores”.
En su acción, los abogados de la CGR, César Núñez Alarcón y Ricardo Rojas, no presentan un solo argumento nuevo sino que repiten las mismas falacias con las que intentan frenar la publicación de información pública desde hace meses.
La CGR ahora pretende que la Corte Suprema sea una tercera instancia a pesar de que los argumentos con los que insisten han sido rebatidos una y otra vez.
Lo más grave de la acción planteada por los abogados de la CGR es que pretenden derogar la Acordada 1.005/15 de la Corte Suprema de Justicia, que establece juicios por la vía del amparo para violaciones del derecho al acceso a la información.
Textualmente, los abogados del ente contralor pretenden que quienes deban acudir a la justicia por negativas a sus pedidos de acceso a la información deban recurrir a juicios ordinarios, con plazos rigurosos, perentorios e improrrogables.
Básicamente, la Contraloría, al mando del imputado José Enrique García, pretende destrozar los avances que se han dado en el país para que el acceso a la información pública sea relativamente rápido, eficaz y gratuito.
“La Contraloría pretende que el derecho humano de acceso a la información que obra en poder del Estado sea debatido en un juicio ordinario sólo ante el Tribunal de Cuentas, en un procedimiento que, en el mejor de los casos, dura años”, explicó el abogado Ezequiel Santagada, quien representa a Lezcano en el juicio contra el ente de control.
“Lo que busca la Contraloría es lisa y llanamente amordazar a las personas que solicitan información pública al Estado. Lo que quieren es convertir la ley de acceso a la información en una nueva y triste ley mordaza”, aseveró.
Santagada celebró la actitud de los legisladores y de la Asociación de Jueces del Paraguay. “Son actitudes testimoniales como estas las que desarticulan los argumentos mendaces de quienes pretenden mantener un statu quo de infame corrupción, que impide que una enorme cantidad de compatriotas pueda acceder a servicios públicos básicos como salud, educación e infraestructura, entre otros. Es que la corrupción es un instrumento masivo de violación de los derechos humanos más elementales”, sentenció.
El Tribunal de Apelación Primera Sala ratificó el pasado 7 de junio la histórica sentencia que había dado en primera instancia el juez Rubén Riquelme. El magistrado había hecho lugar al amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano Flecha luego de que la CGR ignorara repetidamente las solicitudes de acceso a la información pública que había presentado para conocer las declaraciones juradas de quienes ocuparon los más altos cargos de la República entre 1998 y 2017.