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El Presidente de la República, Horacio Cartes, ha dictado el Decreto N° 7827, «por el cual se objeta totalmente el Proyecto de Ley N° 5799/2017 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”.
Dentro de los recortes de esta reglamentación se verían afectados los poderes de algunas entidades estatales como la Dirección Nacional de Tránsito (Dinatran), el Viceministerio de Transporte, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), además de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), entre otros.
La titular de la Opaci es María del Carmen Benítez (ANR cartista), intendenta de Ybycuí. Esta entidad cobra G. 10.000 o G. 20.000 en 250 municipalidades por la perforación de registros de conducir, los cuales generan un ingreso de aproximadamente G. 30.000 millones al año a la ONG, dirigida por políticos colorados.
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Según la Presidencia de la República el proyecto vetado privaría a la Patrulla Caminera de los ingresos que son invertidos en su institución, lo cual atentaría contra el objetivo que tiene la misma, al ser reducidos sus ingresos y, por lo tanto, se limitaría su capacidad de control.
La norma además establecía que la edad mínima para conducir vehículos será de 18 años y para motocicletas, de 16 años, mientras que estadísticamente en la mayoría de los accidentes de tránsito están involucradas personas de 15 a 29 años.