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“La renuncia (de Quesnel) fue aceptada por el presidente de la República, pero no está terminada la sucesión”, sostuvo hoy Óscar Denis en conferencia de prensa.
La renuncia se da tras el involucramiento de Quesnel con la venta ilegal de una propiedad de 25.000 hectáreas del departamento de Boquerón donde habita un grupo de indígenas ayoreo. “No se puede vender tierra donde están viviendo indígenas”, aseguró Martín Burt, Secretario General y Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia.
En noviembre de 2012, Quesnel autorizó la venta de las tierras a Julia Beatriz Vargas Meza, una ciudadana oriunda de Ciudad del Este, estrechamente vinculada con empresas de la familia de empresarios sojeros de apellido Sarabia y nacionalidad brasileña.
La transacción fue concretada por un valor inferior al 10 por ciento del valor real del mercado y además viola las disposiciones del Artículo 64 de la Constitución Nacional, que establece que los pueblos indígenas “tienen el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra” y se prohíbe “la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.