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El procedimiento estuvo a cargo del Tte. 1º Jorge Hermosilla, de la unidad especializada de la Dirección de Material Bélico (Dimabel). La destrucción de las dinamitas colocadas en diferentes sectores del cerro Bogarín fue autorizada el viernes último por el juez de garantías de la circunscripción judicial de esta comunidad, Víctor Vega.
Los vecinos que están en defensa del cerro no aceptaron en principio que se hiciera la detonación, para evitar que se derribe y se desmonte la cantera. Asimismo, dejaron claro que no permitirán que las rocas dinamitadas seam extraídas del lugar para su comercialización, según manifestó el presidente de la comisión de la Junta de Desarrollo de Caazapá, Adrián Román Almada.
El dirigente vecinal manifestó que no van a parar hasta que el sitio del cerro Bogarín sea declarado área protegida o monumento natural. Para el efecto, un geólogo del Senado ya está trabajando con ellos para la elaboración de un anteproyecto, que presentarán en el Congreso Nacional para su estudio y aprobación.
Los explosivos fueron hallados durante el procedimiento realizado por el juez Vega, el fiscal ambiental Carlos Rojas y el efectivo militar de la Dimabel, junto con efectivos policiales de la Comisaría 5ª jurisdiccional. Estas autoridades recorrieron el cerro Bogarín en la parte en que estaban explotando la cantera con peligrosos explosivos sin control alguno. Sin embargo, hasta el momento no se ha publicitado la identidad del propietario del sector de la cantera que estaba siendo preparado para su explotación.
Asimismo, los intervinientes constataron que en el lugar denominado El Mirador, un sector del cerro Bogarín, ya se realizó la limpieza de maleza y se preparó un nuevo frente de cantera de explotación con desmonte, y constaron más de 10 perforaciones profundas en rocas preparadas para colocar dinamitas, como también otros dos pozos de entrada con mecha y cargados con explosivos.
Ante la denuncia de los pobladores de la compañía Caazapá que salieron en defensa del cerro, el fiscal Rafael Ojeda, luego de constatar que se sacaban piedras de dicho lugar, prohibió que siga esa actividad extractiva hasta tanto el responsable del hecho, Osvaldo Martínez, presente la licencia ambiental y el estudio de impacto ambiental (EIA) requeridos por ley.