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La JIFE, ente autónomo encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas de las Naciones Unidas, dio a conocer en nuestro país un informe mundial que este año estuvo focalizado en las consecuencias económicas del uso indebido de drogas, “teniendo en cuenta las épocas de austeridad financiera”.
Sin embargo, en el punto “Aumento de la incautación de cannabis”, donde hace mención a Paraguay, subraya que sería preciso analizar más detenidamente las incautaciones para determinar si obedecen a la intensificación de las actividades de lucha contra la droga o si podrían ser indicio de un aumento del cultivo ilícito de la marihuana.
En referencia a la legalización de esta droga en Uruguay, sostiene que “marca una tendencia peligrosa” pues va en contravención con lo dispuesto en la Convención única de 1961 sobre Estupefacientes, del cual Uruguay forma parte.
A nivel global, sólo uno de cada seis de los aproximadamente 4,5 millones de consumidores problemáticos de drogas recibe tratamiento adecuado “lo que supone un costo global anual de unos 35.000 millones de dólares de los Estados Unidos”, reza el informe.
“Por cada dólar que se gasta, un buen programa de prevención puede ahorrar a los gobiernos hasta 10 dólares en futuros gastos”, agrega.
En referencia a nuestra región (América Latina, el Caribe y Europa oriental y sudoriental) puntualiza que “aproximadamente 1 de cada 11 consumidores problemáticos de drogas recibe tratamiento, y en América del Norte se calcula que 1 de cada 3 recibe tratamiento”.
Durante el 2011 se produjeron aproximadamente 48.000 fallecimientos relacionados con las drogas en América del Norte, por lo que la tasa de mortalidad relacionada con las drogas sigue siendo la más alta de dicha región, “lo que supone una tasa de mortalidad de 155,8 por millón de habitantes de 15 a 64 años de edad”.
Este y otros datos en base a pruebas de la magnitud de los costos económicos y sociales del uso indebido de drogas en los ámbitos de la salud, la seguridad pública, la delincuencia, la productividad y la gobernanza fueron presentados en Paraguay por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).
La JIFE finaliza su informe instando a los gobiernos a que intensifiquen la aplicación de los tres tratados de fiscalización internacional de drogas y las políticas recomendadas.
“La prevención y el tratamiento siguen siendo esenciales para aliviar los costos económicos y sociales del uso indebido de las drogas”, puntualiza.