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El hombre fue denunciado en noviembre pasado por los supuestos hechos punibles de producción de documentos no auténticos. La causa guarda relación con hechos denunciados por familias y organizaciones que reclaman justicia ante una supuesta asociación criminal que deja a las mismas sin sus bienes, usando documentos apócrifos.
Los afectados conformaron una coordinadora para ampliar las denuncias contra una estructura que opera con la complicidad de abogados, oficiales de justicia, la policía y hasta funcionarios judiciales.
A mediados del mes de noviembre un número aproximado de 30 personas se congregó en la réplica de la estación, para denunciar haber sido víctimas de estafa y privación de sus bienes mediante acciones ilegales por parte del empresario.
El abogado patrocinante de las familias, Federico Campos López Moreira, tiene promovida ya una acción por presunto lavado de dinero, evasión de impuestos, usura, entre otros, ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Financieros y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, en octubre pasado.
A esta denuncia se agregaron las planteadas por personas que piden a la justicia la investigación de sus casos, en los cuales, sostienen, fueron víctimas de engaños por el prestamista. Uno de los casos que tomó estado público y derivó en la conformación de una coordinadora de estafados es el de familia González Barrios, de San Juan Bautista, Misiones, que fue desalojada de su lugar de trabajo por un grupo de policías y oficiales de justicia amparados en una orden judicial basada en documentos supuestamente falsos.
Hay familias que fueron despojadas de sus bienes con trampas, con producción de documentos de contenido falso, con presiones, y la complicidad de fiscales y jueces, sostuvo el abogado, Federico Campos, quien calificó al empresario local como “el González Daher encarnaceno”, en alusión al exsenador Óscar González Daher, recluido actualmente y procesado por varios delitos.