Habría “mafia” en desmonte

Una “mafia” estaría operando detrás de la deforestación masiva de la zona boscosa en San Luis, que involucran a la Secretaría del Ambiente, el Instituto Forestal Nacional y propietarios de tierras, según el fiscal del Ambiente José Luis Casaccia.

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“Se están confirmando las sospechas de que posiblemente hubo una conspiración involucrada, estamos en camino a descubrir una mafia”, dijo el fiscal en conversación con ABC Color.

Este martes se realizó el allanamiento de tres propiedades colindantes al Parque Nacional Serranía San Luís donde unos 700 rollos de especies en peligro de extinción y protegidas fueron talados en los últimos meses.

“Unos caminos para camiones de gran porte van directamente a una finca”, dijo el agente, refiriéndose a la propiedad de la empresa Agroganadera Adrianita SA, perteneciente a la familia Campusano.

Luego de solicitar los informes al Infona, los investigadores se percataron que en la propiedad no existen la cantidad de madera que les fue otorgada de permiso para la extracción, como parte del plan de manejo de bosques.

“Podemos concluir que hubo una adulteración de instrumentos públicos con esta resolución, se fraguaron estos documentos para darle guías a esta agroganadera… para legalizar el robo”, expresó Casaccia.

El camino – 12 kilómetros por la reserva y ocho kilómetros dentro de la propiedad – lleva directo a la finca donde se encontró un aserradero con los equipos necesarios para comenzar a operar en breve.

El fiscal explicó que luego de verificar el sitio estarán consiguiendo toda la documentación necesaria de la Infona y la Seam.

“Queremos empezar las investigaciones de las instituciones públicas que tienen la responsabilidad de otorgar las documentaciones”, dijo agregando que probablemente unos funcionarios de las instituciones habrían estado recibiendo coimas para emitir la documentación.

“Hemos truncado un negocio fabuloso de esta gente”, acotó el fiscal, precisando que el camino habría costado unos 700 millones de guaraníes pero los rollos incautados tenían un valor cercano a un millón de dólares americanos.

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