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Soledad Quiñónez, ministra de la Secretaría Anticorrupción, dijo este jueves en conferencia de prensa recogida por ABC Color que insta a la ciudadanía a que denuncie si es que fue presionada o coaccionada para firmar la planilla que el oficialismo colorado hace circular en entes públicos. Este documento es para violar la Constitución Nacional a través de un procedimiento ilegal -la enmienda- para permitir la reelección presidencial.
“Hemos puesto a disposición la página de denuncias de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Se habla del tema de funcionarios que fueron obligados, coaccionados. Bueno, estas situaciones son las que están a disposición en el portal para la presentación de la denuncia en caso de que la hubiere. Hasta la fecha, el portal de la Secretaría no ha recibido denuncia alguna puntual donde se ponga a conocimiento funcionarios que han sido obligados, coacionados dentro de sus instituciones”, indicó Quiñónez.
Lo que dice la ministra Anticorrupción parece lógico. Ella misma refirió que las denuncias se pueden hacer de forma anónima a través del portal www.denuncias.gov.py, pero se tienen que dar todos los detalles del lugar en donde se obligó a firmar y los detalles que permitirán, eventualmente, la rápida identificación del denunciante.
“El portal efectivamente establece un sistema de hacerlo en forma nominativa o en forma anónima. Eso estamos poniendo a conocimiento de la ciudadanía. Sí pedimos que detallen los lugares, las situaciones. Cada denuncia es una situación particular. No podemos tener denuncias generales o genéricas donde no nos pongan una situación particular donde se pueda tener intervención”, explicó Quiñónez.
Supuestamente, si existe una conducta punible, la Secretaría anuncia que derivará la denuncia al Ministerio Público para un proceso. “El relatorio de los hechos sirve como un puntal de inicio. Remisión de antecedentes. Tengan la seguridad de que si hay una denuncia se hará una intervención rápida”, concluyó.
Las denuncias por las presiones para firmar las planillas se dieron en ámbitos como la EBY, el Hospital Nacional de Itauguá, el Ministerio de la Mujer, la Diben y otros entes públicos. Cada día van sumándose los lugares en donde ocurren estas violaciones. Por de pronto, desde el Ejecutivo desafían a que se denuncien los casos de firmas presionadas, aunque es evidente que muchos podrían perder sus lugares de trabajo si es que no lo hacen.