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El proyecto, que pasa a la Cámara de Diputados para su revisión, autoriza al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) a invalidar los títulos expedidos, pero también autoriza al ente a validar los estudios, certificados o constancias académicas de los alumnos estafados. De esta manera, los estudiantes afectados podrán reanudar las carreras en otras entidades certificadas.
Al presentar la propuesta, la senadora Blanca Ovelar (ANR) reveló que existiría una rosca de funcionarios del Congreso contratados como “asesores” para presentar y “negociar” proyectos de ley que habilitan institutos superiores y universidades.
La legisladora señaló que la ley que deroga el Instituto Latinoamericano en realidad se creó para el “Instituto Superior Santa Clara de Asís”, que posteriormente consiguió otra ley que la elevó a “universidad”. Explicó que Santa Clara de Asís conservó su habilitación anterior y que posteriormente se “negoció” o vendió para adjudicarlo a la institución mencionada inicialmente cambiando el nombre. Se ratificó en que esto se habría logrado mediante funcionarios del Poder Legislativo y que, según las informaciones a las que accedió, este esquema se habría repetido con muchos otros institutos superiores y universidades.
“El Instituto Latinoamericano nunca tuvo proyecto de ley. Esto significa que no son 6.000 los estafados, son más”, dijo la parlamentaria al señalar que muchas otras universidades de garaje habrían hecho lo mismo.