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Representantes de tres gremios sindicales del MOPC reclaman el llamado a licitación que realiza la institución para que una empresa privada se adjudicada con el manejo del cobro de peajes. Los sindicalistas aseguran que, además de ser una violación a la Carta Orgánica del MOPC, que establece que el ente es el único autorizado a cobrar las tasas, representa un derroche de millonarias sumas de dinero, y un despido automático a cerca de 1.000 funcionarios contratados.
En base a documentos que nos acercaron, y a un análisis que realizaron del pliego de bases y condiciones del llamado a licitación, los sindicalistas argumentaron que no observan ningún estudio económico en el documento de justificación de la concesión.
El lunes, en entrevista con ABC Cardinal, la viceministra Martha Benítez señalaba que la licitación y la posterior adjudicación a una empresa tercerizada era con el objetivo de lograr una mayor transparencia, pero los sindicalistas no creen en esta afirmación, y detectaron numerosas irregularidades que detallaron.
En el documento de justificación para el llamado a licitación que nos acercaron, la viceministra de Finanzas del MOPC afirma que el peaje es “ineficiente, con un sistema de control débil ,aprovechado para la corrupción”.
Ante esta afirmación, los sindicalistas se preguntan cómo es posible que la propia administradora de Finanzas hable de corrupción. “Entonces, tienen que irse todos a la calle, ella misma lo afirma. Ella reconoce que su propia administarción comete corrupción”, aseveró Juan Ramón Cañete, presidente del Sindicato Auténtico de Trabajadores del MOPC.
Los representantes sindicales recordaron que apenas este año, se gastaron 18 millones de dólares en infraestructura, renovación y tecnología de punta de los peajes, por lo que no comprenden cómo, después de esas mejoras, tengan la intención de pasar el cobro del peaje a manos privadas.
“Justamente con el argumento de que había baja recaudación se hizo la modernización de los puestos de peaje recientemente. Se invirtieron 10 millones de dólares en la construcción de los puestos, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En las básculas se gastaron 8 millones de dólares. Ahora nos dicen que buscan la transparencia. En ningún momento durante la inauguración ellos hablaron de tercerización”, manifestó Cañete.
Los dirigentes sindicales informaron, a partir de cifras obtenidas del presupuesto general de la nación, que el costo de la adjudicación a la empresa privada será de 15 millones de dólares.
“Unos 6.500.000 millones de dólares será destinado a básculas, y 8.500.000 millones de dólares para peajes. Ellos se dedicarán al mantenimiento de los peajes, que ya de hecho están nuevos. Ese es el costo operativo por el servicio “, mencionaron.
Afirman que amerita una inmediata intervención de oficio de la Fiscalía de Delitos Económicos, así como de la Contraloría, pues existe un documento donde la misma viceministra admite que hay corrupción, aseveró Cañete. Denuncian mal gerenciamiento, y aseguran que la tercerización se trata de un “negociado”.
“Es su responsabilidad recaudar las tasas por ley, y ahora se convierten en fiscalizadores. Están pretendiendo gastar más de lo que disponen”, denunció Juan Ramón Cañete.
En otro momento el representante sindical señaló además la existencia de nepotismo en el cargo de Mirta Benítez. “El ministro de Obras Públicas es su protector y padrino, no de sangre, pero su padrino”, aseguró Juan Ramón Cañete.
Cañete señaló además que viceministra de Finanzas miente, pues aseguró en entrevista con ABC Cardinal que una de las condiciones que se tienen en el pliego de bases y condiciones de la licitación es que los funcionarios contratados sean “recontratados” por la empresa adjudicada.
Sin embargo, según se puede ver en el pliego que nos facilitaron los denunciantes, se establece que el contratado interesado deberá solicitarlo si desea pasar a la empresa privada, pero “con un contrato a prueba, y sin derecho a indemnización”.
“Qué pasará entonces con los compañeros antiguos, que perderán automáticamente su antigüedad, y por ende, su derecho a indemnización”, lamentaron los representantes sindicales.
Afirmaron que con esta suerte de “maniobra”, lo que el MOPC logrará es “el despido automático de 1.000 funcionarios contratados, de los cuales 400 están directamente trabajando en los peajes, y otros 600 en la realización de caminos”.
Entre otros puntos, manifestaron también que, según los documentos se infiere que el MOPC se seguirá encargando del mantenimiento de las redes pavimentadas.
“Hay cuatro puestos de peaje que aún no están modernizados. En el pliego dice que la empresa adjudicada se encargará de modernizarlos, pero el MOPC pagará por los trabajos. Ese costo no lo controlará nadie, cobrarán lo que ellos facturen”, denunció Cañete.
Según un cálculo que los sindicalistas realizaron en base al presupuesto del MOPC que se encuentra disponible en la web, el MOPC recauda en peajes aproximadamente 32 millones de dólares anuales.
De eso se deben restar los peajes de Ypacaraí y Coronel Oviedo que ya fueron concesionados. Estos recaudan normalmente 10 millones de dólares.
Entonces, quedan 22 millones de dólares del presupuesto. Si a esto le restamos los 15 millones de dólares que serán adjuduicados a la empresa privada, quedan 7 millones de dólares.
“Con esos 7 restantes deben pagar salarios de 1.300 funcionarios permanentes, 1.000 contratados. No hay forma de mantener el salario de 2.300 funcionarios, más las reparaciones de las rutas asfaltadas”, argumentaron.
Los sindicalistas anuncian que realizarán “todas las acciones legales que correspondan”, pues consideran que lo que se está haciendo es “una licitación galopante. Lo que vemos detrás de esto es un aumento en la tasa de los peajes, consecuentemente un aumento en el flete, y un eventual encarecimiento de la canasta familiar”, opinaron.
Señalaron también que consideran muy probable que, ante la falta de recursos eventual, el MOPC considere aumentar la tasa de peaje.
El lunes 21 de noviembre, los sindicalistas saldrán a las calles a exigir que el MOPC siga administrando los peajes, y presentarán una denuncia formal al parlamento. “En todo caso, que se hagan las auditorías correspondientes. Si la viceminsitra dice que hay corrupción, por ella debe empezar la auditoría”, aseveraron.
A la movilización se sumarán federaciones como los camioneros de carga y las centrales obreras. Anuncian que como una de las medidas de fuerza más radicales pedirán la interpelación del ministro Ramón Jiménez Gaona. “Si es que no encontramos respuesta, presentaremos una solicitud de medida cautelar contra el ministro de Obras Públicas”.
Según los documentos a los que accedimos, la concesión que planea el MOPC es por 10 años.