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El diputado liberal Víctor Ríos fue el primero en referirse al tema y señaló que la Internacional de la Educación, una organización mundial, emitió un comunicado referente al tema. El legislador leyó el documento, que habla de que últimamente el MEC ha violado los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmados por Paraguay.
Dijo que este “repudio internacional” menciona que han recibido denuncias de que ha habido retención indebida de salarios de docentes, distribución irregular de becas para docentes y desvinculaciones injustificadas de trabajadores. “Que yo recuerde, nunca nuestro país ha recibido un repudio internacional por violaciones de derechos laborales a docentes”, dijo.
“Esto deja muy mal parado al Gobierno, porque este tipo de denuncias se daban con frecuencia en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner (…) Espero que el Presidente (Horacio Cartes) haga algo”, manifestó.
A su vez, el diputado del PLRA Eusebio Alvarenga se unió a la crítica de Ríos. Para el legislador, la ministra Marta Lafuente debe “aggiornarse a los nuevos tiempos”, especialmente en su cartera, ya que la educación debe promover el respeto a la dignidad, a la profesión y a las personas, reflexionó. “Por lo visto, ella no fue informada que hace 25 años en el Paraguay cayó el régimen”, dijo.
Otros diputados, como el liberal Dionisio Amarilla y el parlamentario del Frente Guasu Ramón Duarte, también repudiaron la actuación de la ministra en la cartera de Educación. Este último animó a los docentes a seguir denunciando las irregularidades.
Ayer, dirigentes del Sindicato de Funcionarios Empleados y Docentes del Ministerio de Educación y Cultura (Sifemec) denunciaron que la cartera estatal tiene un plan de despedir masivamente a unos 7.000 funcionarios que tienen rubros de docentes pero cumplen funciones administrativas, ya que en la institución no se han creado rubros administrativos desde hace 30 años.
Minutos después de darse a conocer la denuncia, el MEC divulgó un comunicado en el que niega lo denunciado. “No existe ningún plan de despidos o violación de derechos laborales de los funcionarios”, detalla la nota.