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En su denuncia, la edil explicó que desde que asumió la presidencia de la Junta Municipal es víctima de constantes ataques de violencia contra ella debido a que solicitó documentación referente a la administración del intendente para saber los gastos realizados por su gestión.
La concejala menciona que no percibe sus haberes desde enero, y otros colegas, incluso desde septiembre. A raíz de esta situación, contrajo muchas deudas y complicaciones de índole familiar y personal. También fue víctima, junto con otros colegas, de ataques directos, mediante páginas de redes sociales de “Limpio Reclama” y “Prensa Ciudadana”, donde utilizaban su figura de forma montada para realizar acusaciones de robo, maltrato de personas, promoviendo así la sumisión y cosificación, según en su escrito.
Además, dos de sus tres hijos sufren bullying en las instituciones educativas a las que asisten, señala.
Estos hechos fueron viralizados en los grupos de WhatsApp de los números telefónicos de las personas denunciadas, que son: Carlos Palacios (intendente), Éver Candia, Alejandro Díaz (director Departamento de la Juventud), Antonio González (director de Impuestos), Benicio Romero (director Recursos Humanos), Héctor Ávila (director jurídico, que está acusado por desfalco en el caso Asociación de Autores Asociados, APA), Gaspar Vera, Gustavo Rolón, Luz Bogado (departamento de la Mujer) y un conocido hurrero del intendente, Eulalio Gómez.
El Juzgado ordenó como medida de urgencia la prohibición de acercarse y molestar a la denunciante y cualquier otro tipo de comunicación, ya sea por redes sociales o personalmente.
Asimismo, se fijó una audiencia para tratar el tema en julio, en la que indefectiblemente deberán presentarse los denunciados, pues en caso contrario se ordenará su captura, y serán llevados directamente a la Penitenciaria de Tacumbú, según la Ley Nº 5777/16.
Intentamos saber la versión del intendente Carlos Palacios, pero no atendió las llamadas al celular.