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El video fue ampliamente difundido a través de las redes sociales. En él se observa a un pastor evangélico identificado como Serafín Navarro, “confiscando” objetos rituales que pertenecen a la cultura y las tradiciones de los mbya guaraní, de la casa de un anciano indígena de 97 años, con el argumento de que estaba “expulsando demonios”.
La indignación se apoderó de los usuarios en redes sociales cuando observaron el video, en el que el anciano, en una situación de bastante vulnerabilidad, observa en silencio mientras el pastor va rompiendo sus elementos y explicándole que son “del demonio”.
Consultamos el caso con el antropólogo social Jorge Servín, de manera a conocer de qué forma se podría intervenir en el ámbito de la Justicia, para garantizar los derechos de las comunidades nativas, y castigar a quienes atropellan su desarrollo sociocultural.
El especialista nos explicó que lo cometido por el religioso es un acto que llega incluso a lo vandálico, y debe ser denunciado por los líderes de la comunidad. “Ellos crearon esa cosmovisión propia en un estilo de vida en comunidad. Y ese derecho les fue garantizado en el año 1992, su espacio territorial, sus pautas culturales, sus recursos naturales y sus bienes tanto tangibles como intangibles”, manifestó el especialista.
Agregó que ningún líder religioso, nadie, tiene derecho a disponer de pertenencias de los indígenas y menos destruirlas.
Por otro lado, aclaró que “cualquier persona adulta puede optar por pertenecer a otra religión, pero debe ser fuera del ámbito comunitario”.
El antropólogo lamentó también el fenómeno de aprovechamiento que existe por parte de las religiones a las comunidades vulnerables. “Primeros les donan ropas, y como la gente está en una extrema necesidad, luego les invitan a cantar y rezar con ellos, van acorralándo a la gente”, lamentó.
Servín recalcó que ante un caso como este, cualquier miembro de esa comunidad tiene que hacer una denuncia. Si no hay denuncia, no se puede actuar. “Se debe dejar constancia de que se violaron los derechos de una persona indígena en un ámbito comunitario. Esos preceptos constitucionales fueron garantizados para la comunidad”, señaló.
Miembros de las distintas comunidades indígenas expresaron su indignación ante lo ocurrido. Entre ellos Ángela Sales, Ava Guaraní, dijo que nadie puede acusar a una persona de cometer brujería sin tener una prueba. Añadió que independientemente del uso que se le den a esos objetos, “son elementos sagrados de la cultura Mbya que están protegidos por la Constitución Nacional”.
Mario Rivarola, miembro de una comunidad indígena, por su parte, lamentó el abuso cometido contra las creencias autóctonas”. “Nosotros tenemos nuestras creencias y nadie nos las puede quitar”, enfatizó.
Otros nativos criticaron el suceso diciendo que se trata de “un atropello cultural e intento de colonización. Es inadmisible que sigamos permitiendo el desarraigo sociocultural de nuestras comunidades. Un atropello a la libertad religiosa”, manifestaron.
Por su parte, el pastor Serafín Navarro también salió al paso en redes sociales e intentó explicar su postura.
El religioso se reafirmó en el hecho de que entre los indígenas existen objetos de brujería, e indicó que seguirá haciendo sus recorridos, para “expulsión de demonios”.
Hará unos 15 años o más, la Comunidad Y’apy Santa Isabel, en San Pedro, había denunciado que un pastor coreano entró e instaló un templo en la comunidad y dividió a la gente, llevándola al enfrentamiento.
También en ese entonces habían denunciado la destrucción de elementos sagrados de los Ava Guaraní.
La comunidad Araviju de Canindeju sufrió similares ataques. Los Tamôi habían contado que sus guitarras, sus elementos de cantos e instrumentos sagrados fueron totalmente quemados por pastores.