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La jueza Graciela Ortiz hizo lugar a la demanda promovida por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil contra cinco sindicatos que llevaron a cabo una huelga de cuatro días, el 24, 25, 26 y 27 de junio pasado. El dictamen afecta al Sindicato de Trabajadores del Aeropuerto Internacional Guaraní (Sitraig), el Sindicato de Seguridad de la Aviación Civil de la Dinac (Siavsec), el Sindicato de Funcionarios del Servicio de Asistencia en Tierra (Sifunsat) y el Sindicato de Profesionales y Técnicos (Siprotec).
El objetivo de la declaración ilegal sería lograr desvincular a varios sindicalistas del ente aeronáutico. Sin embargo, en conversación con ABC Color, Luis Aguirre, titular de la Dinca, dijo que el dictamen está ahora en manos de los abogados que analizarán, según lo que la ley establece, cuáles son los pasos a seguir respecto a las personas que participaron de la medida de fuerza.
Los funcionarios que llevaron adelante la medida de fuerza reclamaban el incumplimiento de condiciones acordadas tras la huelga levantada en noviembre del año pasado, entre las cuales se encontraba la promesa de la Dinac de nombrar a 300 funcionarios contratados que tienen considerable antigüedad dentro de la institución. Así también, exigían que la Dinac excluya a los aeropuertos Silvio Pettirossi y Guaraní de cualquier proyecto de ampliación por vía de una Alianza Público-Privada (APP).
Serios inconvenientes ocurrieron durante la última huelga, en la que según denuncias de autoridades de la Dinca, los sindicalistas interferieron las comunicaciones en el aeropuerto para intentar obstaculizar las operaciones de quienes no se adhirieron a la medida de fuerza. Los acosos se produjeron vía radio, con todo tipo de insultos, incluso cuando pilotos que estaban en pleno vuelo buscaban asistencia de la torre de control. Aguirre había calificado esta acción de "criminal".