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En la sesión de este martes, la mayoría de los parlamentarios consideraron que la normativa ayudará a mejorar el servicio de distribución de la energía eléctrica, a través del capital privado.
Diputados deberá ahora estudiar en particular cada punto del proyecto para poder pasarlo al Senado. La sesión de la Cámara Baja quedó sin cuórum en la tarde de este martes.
Sin embargo, algunos legisladores como la diputada Aida Robles, mostraron su postura en contra el proyecto de ley por considerarlo un acto de privatización de los entes públicos.
Por su parte, Olga Ferreira, del Partido Patria Querida (PPQ), cuestionó la celeridad con la cual fue aprobado el proyecto, sin un debate artículo por artículo. “Es una disparatada y una irresponsabilidad”, subrayó.
El proyecto plantea que “la energía eléctrica es susceptible de comercio por los medios y formas que autorizan las leyes”, según el artículo 2.
Aún se desconoce cuándo los diputados tratarán punto por punto el proyecto, ya que se rechazó una propuesta de hacerlo en 15 días. Después de este rechazo, los legisladores abandonaron la sesión, dejándola sin cuórum.
El monopolio de la ANDE viene de un sistema de gobierno y de un pensamiento político y económico que ya no existe, dejando sin posibilidad la tremenda potencialidad del sector privado que hoy día constituye la locomotora del crecimiento económico y del desarrollo de los países, argumenta la nota de apoyo de la comisión de Asuntos Constitucionales.
De esta forma, lo que plantea la ley es abrir la posibilidad de distribuir energía eléctrica, además de la ANDE, a través de otras empresas del sector privado.
También proponen que el servicio sea auditado por una Agencia Reguladora de Energía Eléctrica (Anree), una entidad autárquica descentralizada de la administración del Estado y con capacidad de actuar en los ámbitos de derecho público y privado.
Trabajará directamente con el Viceministerio de Minas y Energías y tendrá como función controlar la prestación del servicio de transmisión y distribución de electricidad, proteger el derecho de los consumidores y fijar especificaciones mínimas de calidad y tarifas de los servicios, entre otros.
También tendrá a su cargo aplicar sanciones en caso de que algunas de las empresas no cumplan con las disposiciones.
La Ande estará compuesta por cinco directores, los cuales deberán ser designados por el Poder Ejecutivo, con el consentimiento del Poder Legislativo y un mando de cinco años. Un representante del Ejecutivo será nombrado como director general.
La agencia se mantendrá con una tasa de fiscalización, multas y penalizaciones pecuniarias aplicadas, subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias, intereses y beneficios de la gestión de fondos propios, entre otros.