En el juicio están acusados 11 campesinos por la muerte de seis policías en junio de 2012, durante un tiroteo originado cuando un contingente de unos 300 oficiales acudió a desalojar a un grupo de labriegos que ocupaba unas tierras del este de Paraguay para pedir que se integraran a la reforma agraria. No hay ningún imputado por la muerte de 11 campesinos en la masacre.
Las sesiones del juicio correspondientes a esta semana finalizaron entrada la noche del jueves con declaraciones del forense Pablo Lemir, encargado de examinar a las 17 víctimas, quien admitió que no realizó ninguna autopsia para determinar las causas de esas muerte, informó Articulación por Curuguaty, que apoya a los campesinos que están siendo juzgados. Lemir explicó que su intervención se limitó a un examen de los cuerpos para recabar pruebas, pero que no se le solicitó que realizara autopsia alguna ni que extrajera las balas que terminaron con las vidas de seis policías y 11 campesinos.
Ante estas declaraciones, los abogados defensores solicitaron la exhumación de los cuerpos de tres policías para practicarles una necropsia, pero la Fiscalía se opuso y el tribunal terminó por rechazar el pedido. Lemir también explicó que los disparos que recibió el comisario Erven Lovera, comandante del operativo de desalojo y que falleció durante la masacre, se ejecutaron detrás del policía y a cierta distancia, dado que no se encontraron marcas en su cuerpo.
Estos disparos dieron origen al tiroteo que desencadenó la masacre, según la Fiscalía, que sostiene que fueron los campesinos los autores de los disparos y que se encontraban apostados formando un embudo frente a Lovera cuando este se acercó para dialogar. El testimonio de Lemir contradice esta versión, dado que las pruebas muestran que el policía recibió los disparos por la espalda.
El juicio por el caso Curuguaty prosigue en Asunción con la realización de entrevistas psicológicas a los campesinos acusados de la masacre, mientras que las declaraciones testificales se retomarán el próximo miércoles. La masacre de Curuguaty en 2012 sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de irregular por organismos internacionales como Mercosur o Unasur.