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Ayer, el juez penal de garantías de Curuguaty Carlos Martínez fue relevado del cargo. Esta decisión “llama poderosamente la atención” a la comisión de legisladores, según indicó hoy en conferencia de prensa el senador Arnoldo Wiens, quien actuó de vocero.
“Felicitamos la reacción ciudadana de pedir que se quede el juez Carlos Martínez en esta causa; ya tenía confianza (…) La Corte Suprema de Justicia no es sensible a esta clase de reacciones”, manifestó el legislador. Dijo que una de las irregularidades que ellos detectaron en el cambio fue que la decisión se tomó en medio de la feria judicial.
Aprovechó y dijo que este es un mérito más que justifica el juicio político a los ministros de la Corte. Al mismo tiempo, elogió el trabajo del Ministerio Público, que destinó a “los mejores hombres y mujeres” en el caso e involucró a sus pares de Brasil en la investigación. Sin embargo, Wiens criticó que la recompensa por información sobre Vilmar “Neneco” Acosta, principal sospechoso del crimen de Medina, es solo de G. 20 millones siendo que en Brasil se ofrece casi G. 400 millones.
Luego, dijo que los afiches con los rostros de Acosta y los demás involucrados deben “empapelar” el Norte. “Queremos que esto empapele Curuguaty. Estos rostros deben ser insistidos en la cotidianeidad para que la gente tenga memoria presente”, manifestó el legislador.
El legislador también hizo especial énfasis en los rumores de que “Neneco” dispone de sus bienes para mantenerse en la clandestinidad. Por ello, instaron al Servicio Pecuario Oficial del Paraguay (Senacsa) a responder el pedido de que Acosta ya no pueda disponer de su ganado. “La sociedad paraguaya va a hacer un escrache a la carne narco”, agregó.
Wiens informó además que se tendrá una sesión extraordinaria para tratar las leyes “antinarco”. Será el próximo 3 de febrero a las 09:00. “Consideramos urgente el apoyo del Senado”, dijo el legislador al dar a conocer la fecha de la convocatoria. Los proyectos de ley a tratar son de Extinción de Dominio y Seguridad del Espacio Aéreo.
Por un lado, el proyecto de Ley “De extinción de dominio” es una iniciativa que permitiría a la Justicia intervenir y disponer de los bienes de las personas vinculadas al narcotráfico, entre otras cuestiones, mientras que el proyecto “De vigilancia y protección del espacio aéreo paraguayo” facultaría a la Fuerza Aérea a interceptar aeronaves en vuelo para su identificación e interdictar aeronaves para su verificación, así como abatir aquellos vehículos considerados hostiles o sospechosos de tráfico ilegal.