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Este viernes trascendió la nota firmada el pasado 25 de setiembre en que se pide una copia de los dictámenes de exámenes que se hicieron a las declaraciones juradas de varios políticos e investigados. Ellos son: el exsenador Óscar González Daher (imputado por presunto enriquecimiento ilícito y con prisión preventiva), el senador Víctor Bogado, imputado por presunta estafa al Estado por el caso “niñera de oro”, Justo Pastor Cárdenas, expresidente del Indert, y Luis Pintos Aguilera (hijo de Ángel Pintos Balbuena, investigado por enriquecimiento ilícito en Aduanas). En esta misma situación está Elvis Carrera Ríos.
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Otras copias solicitadas fueron las de Domingo Gustavo Kirmser, secretario general del Sindicato de Trabajadores Aduaneros (Sitrad), presunto “mago” de las finanzas en Aduanas. Luis Tadeo López y César Daniel Samaniego —primo del diputado Arnaldo Samaniego— igualmente figuran en la lista de presuntos sujetos que se enriquecieron ilícitamente y que fueron también investigados por Contraloría.
Hasta allí, uno diría que el trabajo de Contraloría sigue los pasos administrativos. Sin embargo, la encargada de entregar estos dictámenes de evaluación de las declaraciones juradas de estos funcionarios públicos es Analy Rossana Valiente Martínez, quien es directora general de Control de Declaraciones Juradas de Bienes de la CGR.
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Valiente Martínez es la esposa del senador liberal Dionisio Amarilla, quien será investigado por la Fiscalía también por presunto enriquecimiento ilícito. El legislador fue administrador de la Universidad Nacional de Asunción, junto a su esposa, que era también funcionaria de la UNA. Tras el caso de “UNA no te calles”, que reveló decenas de casos de planillerismo, fue trasladada a Contraloría como parte de un presunto favor político.
El exfuncionario de la UNA tiene una residencia valuada como mínimo en unos US$ 300.000 y otra propiedad en el barrio San José de Ñemby. Junto a su esposa, estrenaron lujosos vehículos por valor de unos US$ 250.000 entre 2014 y 2017.
