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Los problemas con los servicios prestados por la empresa Construcciones y Viviendas Paraguayas SA (Covipa), que tiene a su cargo la verificación de los rodados que deben ser inscriptos en el Registro Único del Automotor (RUA), son de larga data. El jueves, la firma fue señalada por el titular del Colegio de Escribanos del Paraguay como el principal problema para agilizar los trámites que deben realizar los automovilistas. Pese a los adelantos registrados en la institución estatal, y a sabiendas de que una situación como la actual se podría dar, la firma no se adecuó.
La empresa maneja la planta verificadora del RUA desde el 2000 y es presidida por Oscar A. Rubiani Yanho; la vicepresidente es Nilda Yanho de Rubiani y el directorio está conformado por Antonio Rubiani Zuccolillo, Pascual Rubiani Yanho, Leticia Zuccolillo de Rubiani y María de Lourdes Rubiani de Gauto.
Roberto Torres, director administrativo del Poder Judicial, señaló a ABC Color que de acuerdo a los datos que manejaba, los servicios de la planta verificadora fueron adjudicados a la empresa Covipa el año pasado. Dijo además desconocer el porcentaje con el que se queda la empresa por cada vehículo verificado. “Tiene un año de vigencia (el contrato), eso es lo que yo sé”, manifestó para luego señalar que la titular del RUA, Dolly Larroza, manejaría más datos sobre el contrato. Intentamos comunicarnos en reiteradas ocasiones con ella, pero la misma no contestó a nuestras llamadas telefónicas.
Lejos de lo afirmado por Torres; la misma empresa maneja la planta desde hace ya 14 años. Por la resolución Nº 832 del 18 de diciembre de 2000, la Corte había adjudicado a Covipa de forma directa, y a partir de entonces no se desligó de brindar el servicio al Registro del Automotor, dependencia a cargo del máximo tribunal.
Luego de varios años, en enero de 2009, se realizó una licitación por expresa recomendación de la Contraloría. Durante el proceso se constató que el contrato de Covipa ya había vencido mucho tiempo antes y que aún seguía prestando servicios al RUA, gracias a los acuerdos que firmaba con la Corte Suprema.
En la licitación compitieron empresas ligadas al sector automotriz como Toyotoshi, Rieder, Diesa y Condor, que conformaron un consorcio; además de Benito Roggio y Tape Ruvicha.
Sin embargo, un comité de evaluación conformado por el director de Administración y Finanzas Roberto Torres, por el asesor financiero Tito Cáceres, por la asesora jurídica Mirtha Florentín y por Carmen Godoy, de la Contraloría Interna, “llegaron a la conclusión” que la oferta presentada por Covipa era la más conveniente para el Poder Judicial. Todos estos funcionarios son dependientes de la Corte. La licitación se manejó entre cuatro paredes.
Solo en 2008, la empresa se llevó un total de G. 23.000 millones, es decir un promedio mensual de G. 2.000 millones; una enorme compensación económica para muy poca inversión.
En aquella oportunidad se constató que la empresa solo contaba con unos 12 funcionarios que realizan las marcaciones en bajo relieve y otros que trabajan con una pequeña máquina manual para imprimir el número de chasis o de la matrícula por los rodados, y una que otra computadora.
Con la nueva ley el Registro Único del Automotor (RUA) informatizó varios procesos y prácticamente todos los trámites -inclusive los pagos- pueden realizarse vía web. El “cuello de botella”, sin embargo, radica en la firma privada, que no se acopló a este ritmo. Aún así sigue recibiendo millones todos los meses.
A la par de los millones que recibe en el RUA, Covipa fue adjudicada con varias obras de gran envergadura en los últimos años. En 2010 ganó la licitación convocada por la Municipalidad de Asunción para los trabajos de Desagüe Pluvial y Mejoramiento de la Avenida España por unos G. 17.000 millones. En 2011, recibió G. 4.399.571.486 para la construcción de puentes.
En 2012, volvió a ser adjudicada en tres licitaciones por un total de G. 139.332.847.260 para construcción de empedrados y obras de circunvalación en las ciudades de Paraguarí, Carapeguá, Quiindy y Caapucú. La empresa fue responsable de la construcción del Hospital Geriátrico del IPS. Una obra que fue entregada con atrasos.
Al mismo tiempo, Covipa formó parte de varios consorcios para presentarse a obras de gran importancia como por ejemplo un tramo de 51 kilómetros de la Ruta que une Concepción con Vallemí. Específicamente, el tramo es el que va desde la ciudad de Concepción hasta Cruce X. Pese al paso del tiempo, la obra en la zona de la cabecera departamental ha mostrado muy pocos avances.
Óscar Rubiani, presidente de Covipa, reconoció que en conversación con ABC Color que la empresa es concesionaria del servicio de verificación desde hace 14 años, aunque según él todas las adjudicaciones se realizaron siempre a través de licitaciones. Sin embargo, reconoció que existió una ampliación de un período contractual aunque aseguró no acordarse bien de que en año se trató la misma.
Rubiani Yanho indicó que actualmente la empresa maneja la verificación pues adjudicada en diciembre pasada tras una licitación que ganaron -según él- gracias a una mejor oferta en cuanto al pago de canon. “Estamos pagando un canon de alrededor del 62%”, afirmó.
En cuanto a la modernización del sistema, señaló que solo en este año invertieron unos US$ 100.000 dólares para adecuarse al sistema de pago vía online. “Está en proceso y está a punto de salir”, agregó. Cuando le señalamos que la situación crítica se vive actualmente, solo atinó a dicer que “son cuestiones diferentes”.
“No está todavía implementado porque hay plazos y etapas que se están resolviendo, no nos coloca en ningún incumplimiento de contrato”, aseveró.
Con respecto a la cantidad de personas trabajando para realizar los trabajos, aseguró que Covipa cuenta con “78 personas en 16 plantas habilitadas”. Es decir, la empresa cuenta con un promedio de cinco empleados por planta.
“Ofrecemos un servicio en el que somos presos del sistema. El mes pasado nuestras plantas estaban vacías, atendiendo un número mínimo de interesados. De repente surgen nuevas disposiciones legales que despiertan a la ciudadanía y se genera una cierta sicosis que obviamente estamos tratando de resolver. Más allá de nuestras obligaciones hemos ampliado nuestro horarios de atención”, puntualizó.
Según Rubiani, este viernes se consiguió que “cien metros de fila avancen en 13 minutos”. “No somos el cuello de botella como erróneamente dice el escribano”, agregó.
Justificó que por el hecho de que las personas deben formar filas con sus vehículos, ya que la inspección del rodado es física, parece que en la planta “hay demasiada gente”; pero -dijo- que el certificado es entregado en el acto no como en otras dependencias que “tienen en volumen de gente inclusive mucho más”.
Consultado sobre cuánto recauda la empresa por la inspección de cada vehículo, Rubiani afirmó que alrededor del 55% es entregado a la Corte Suprema de Justicia y que el resto para la empresa. Un poco antes, había asegurado que el canon era del 62%. El costo de cada inspección es de G. 78.000, lo que se traduce en unos G. 35.000 por cada rodado inspeccionado que es entregado a la empresa.
Explicó que el contrato vence a fin de año y reconoció que la empresa pretende volver a presentarse a una nueva licitación en diciembre próximo. “Nosotros tenemos una experiencia acumulada, queremos capitalizar la experiencia en beneficio de los usuarios y la Corte”, sentenció.
juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano