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“Necesitamos la aprobación de los diputados para concretar un anhelo de muchos años de los pobladores de esta comunidad, que es trabajar por nuestro desarrollo”, sostuvo Rubén Zolz, presidente de la Cooperativa Naranjito, y uno de los impulsores del proyecto.
El proyecto de creación de un nuevo distrito plantea la desmembración de unos 250 kilómetros cuadrados del distrito de San Rafael del Paraná, y afecta a unas 16 compañías rurales ubicadas principalmente hacia el oeste de la ruta nacional VI, "Dr. Juan León Mallorquín", en la zona norte del departamento de Itapúa.
Las jornadas de manifestaciones comenzaron el martes y miércoles de la semana pasada, y se repitieron los mismos días de esta semana. El propósito es mantener esta frecuencia de manifestaciones, consistentes en la instalación a la vera de la ruta VI, en el centro urbano de Naranjito, de personas, maquinarias y vehículos, en una demostración de voluntad y de fuerza necesarias para la conformación de un distrito independiente.
Según los datos aportados por los impulsores de la iniciativa, el objetivo es que la riqueza que generan estas comunidades sea destinada al mejoramiento de las condiciones de progreso y la calidad de vida de sus habitantes. Los datos dan cuenta que el 50 por ciento de los ingresos genuinos del municipio de San Rafael del Paraná proviene de estas compañías rurales que hoy quieren la independencia, pero que reciben muy poco en concepto de retorno en obras y servicios.
"Son unos G. 4.600 millones al año lo que se aporta al municipio en concepto de impuestos y tasas municipales, son ingresos genuinos, pero a cambio no recibimos ni el 10 por ciento de este monto, y además de eso, el dinero que recibimos en concepto de retorno proviene del gobierno central, porque son recursos de royaltíes y Fonacide", sostuvo Pedro Ramírez, presidente de la comisión Pro distrito de Naranjito.
Otro punto cuestionado por los separatistas es que para cualquier trámite que necesiten hacer ante la Municipalidad tienen que recorrer 60 kilómetros de camino de tierra en pésimas condiciones.
El proyecto abarca a 17 comunidades diferentes, todas con infraestructura mínima como escuelas, puestos de salud, puestos policiales, y núcleos urbanos. Existes dos grandes cooperativas, 12 silos de granos. En su conjunto, estas compañías, en su mayoría de origen brasileño, integra una población de unas 12.000 personas.