Desde que a finales de abril se conoció el caso, la sociedad paraguaya sigue conmocionada y pendiente del futuro de la niña, que está ingresada en un centro de la Cruz Roja, pero también de la madre, que está en prisión preventiva, mientras que el padrastro sigue prófugo. Ante lo incierto del desenlace, parte del debate se dirige hacia una posible laxitud e ineficacia de la Justicia a la hora de evitar una lacra que cada año manifiesta una tendencia de unos 20.000 alumbramientos anuales de mujeres entre los 15 y 19 años de edad.
En cuanto a la niña que ocupa la atención de los paraguayos, se sabe que en enero de 2014 su madre había denunciado al padrastro por supuestos abusos sexuales de la pequeña, que entonces tenía nueve años. Sin embargo, la denuncia fue archivada por un fiscal de la ciudad de Luque, en Gran Asunción, quien está siendo investigado por una posible negligencia. Más de un año después, la niña fue conducida por su progenitora a un hospital de Luque, ante la creencia de que el aumento abdominal de la menor podría tratarse de un tumor.
Después, en el hospital público de Trinidad, en Asunción, se determinó que tenía 21 semanas de embarazo, lo que fue notificado por los responsables del centro a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, pero no a Fiscalía, que era la instancia correspondiente. Días más tarde el asunto dio un giro con la orden de prisión preventiva para la madre, de 32 años, a quien Fiscalía imputó por los supuestos hechos punibles de “incumplimiento del deber del cuidado” y como cómplice de “abuso sexual en niños”.
El Ministerio Público justificó la medida alegando que la mujer proporcionó algunas pistas sobre el posible paradero del padrastro, pero todas resultaron falsas. Ello provocó el desacuerdo de algunos colectivos de trabajadores sociales, que considerar un gran error apartar a la madre de la hija cuando esta está más necesitada de apoyo familiar. Otras voces salieron además a favor de la madre, de profesión cocinera, arguyendo que trabajaba jornadas de doce horas para mantener a otros dos hijos y que posiblemente tenga un historia de violencia doméstica.
Así las cosas, Amnistía Internacional (AI) lanzó hace días una acción urgente para reclamar a las autoridades de Paraguay que protejan la vida de la niña, ya que se trata de un embarazo de alto riesgo. Sin embargo, AI no se ha posicionado a favor del aborto, sino de que una junta médica de profesionales tome la decisión que sea correcta para defender la vida de la niña. Sí ha habido algunas voces reclamando el aborto, algo que ya ha sido desechado por el Gobierno, que ha recordado que no está contemplado en la ley ni cuando el embarazo es fruto de una violación.
En este sentido, el Ministerio de Salud recordó por medio de un comunicado que su obligación, atendiendo a la Constitución paraguaya, es preservar la salud de la niña y del feto. De acuerdo con las cifras de 2014, que todavía son provisionales, 684 menores de entre 10 y 14 años dieron a luz ese año, mientras que unos 20.000 de los alumbramientos fueron de madres de entre 15 y 19 años, dijo a Efe María Ligia Aguilar, de la Dirección de Niñez y Adolescencia.
Aguilar señaló que esa realidad solo será reversible en el momento en que ocurra un cambio de paradigma en la sociedad paraguaya, que incluye desde los fiscales que no contemplan la gravedad de ese tipo de denuncias, hasta las propias familias de las menores. “Es un tema de educación cultural y a la vez un círculo prolongado por la pobreza de esas familias. Muchos casos de esa violencia están naturalizados en el país porque las familias lo ven como una cosa normal”, sostuvo Aguilar.