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Los líderes de los principales países del ALBA -en específico Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela- son hipócritas cuando critican lo que ellos consideran como conductas antidemocráticas de sus pares del continente. Dado que ellos mismos gobiernan de manera antidemocrática, su crítica no es honesta, no busca la vigencia de la democracia, y no debería ser tomada con seriedad.
La de Cuba es una de las dictaduras más viejas del mundo -junto a Corea del Norte, Vietnam y Zimbabue- y la única del continente americano, luego de que las dictaduras militares de derecha abandonaran el poder en los años 70 y 80. Se trata de una dictadura comunista férrea (similar a las que existieron a lo largo y ancho de Europa del Este durante la llamada Guerra Fría) que lleva más de 50 años en el poder sin haber celebrado una sola elección democrática, sin permitir la existencia legal de un solo partido político de oposición o una sola asociación civil no alineada al Partido Comunista. Una dictadura que hostiga, golpea y encarcela a quien quiera que se atreva a disentir, que llama a todos sus críticos “mercenarios”, “mafiosos” o “agentes de la CIA”, y que los degrada de su condición humana bajo la etiqueta oficial de “gusanos”.
En vez de repudiar las prácticas crueles de la dictadura cubana y de pedir que ese país lleve adelante elecciones democráticas, los presidentes Morales, Correa, Ortega y Chávez le expresan gran admiración y abiertamente la consideran un modelo a seguir. Por ello no es de extrañarse que estos países sean, después de Cuba, los países con peores credenciales democráticas del continente.
El gobierno de Venezuela no llega a ser aún un gobierno dictatorial porque permite la existencia de alguna prensa independiente y porque la oposición tiene posibilidades de participar y de ganar elecciones. Sin embargo, todo medio de prensa independiente es acosado constantemente bajo amenaza de confiscación y clausura, la oposición política así como las organizaciones de la sociedad civil están sometidas a un constante acoso mediático y judicial, y las elecciones en Venezuela desde que el presidente Chávez llegó al poder no son enteramente libres (quien vota contra Chávez está sujeto a represalias: expulsión del trabajo, exclusión social) ni justas (el partido de gobierno manipula de múltiples maneras el proceso electoral). Algo muy similar pero en menor intensidad ocurre en Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Otro aspecto que caracteriza a estos gobiernos es que sus líderes han expresado su intención de quedarse en el poder de manera indefinida: una intención manifiestamente antidemocrática.
Para lograr todas estas cosas sin control judicial, estos líderes han violado repetidamente las constituciones y destruido las instituciones de sus países. Alérgicos a cualquier tipo de escrutinio sobre sus prácticas antidemocráticas y violadoras de derechos humanos, estos países manifestaron al unísono en la última Cumbre de las Américas, organizada por la OEA, su intención de quitar el financiamiento y la independencia de la prestigiosa Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de no asistir a la próxima reunión si es que no se invita al gobierno antidemocrático de Cuba.
El-Hage dijo también que los gobiernos de “Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua carecen de autoridad alguna para pronunciarse sobre la vigencia de las instituciones democráticas en América Latina. En esa línea, es risible que hayan pedido la activación de las cláusulas democráticas de la OEA, Unasur y Mercosur contra Paraguay, cuando ellos son quienes deberían estar en el banquillo de los acusados de violar estas cláusulas. En un artículo anterior, yo explico por qué las acciones antidemocráticas de estos gobiernos ya deberían haber conducido a la aplicación de las cláusulas democráticas de la OEA, Mercosur y Unasur en virtud de la “erosión sistemática o sostenida” de la democracia.
“Lastimosamente, Argentina, Brasil y Uruguay han venido perdiendo también liderazgo moral sobre la democracia en la región. Estos líderes son muy incoherentes en su posición sobre la democracia debido a que por un lado gobiernan sus países de manera democrática (excepto Argentina donde el gobierno viene combatiendo a uno de los mayores diarios del país por ser crítico), pero por el otro suelen expresar un apoyo incondicional y gran admiración por la dictadura cubana, además de apoyar cualquier conducta antidemocrática de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.”.
“En esa medida, Argentina, Brasil y Uruguay también tienen poca credibilidad cuando por un lado defienden o solapan a gobiernos antidemocráticos, y por el otro critican como antidemocrático el juicio político contra el presidente Lugo en Paraguay”, continuó diciendo el titular de Humans Right Foundation.
“Lo grave en América Latina no es tanto que existan gobiernos antidemocráticos como los de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela o gobiernos como los de Argentina, Brasil y Uruguay que los solapan. A mi parecer, lo que es realmente grave es que sean estos gobiernos quienes lleven la agenda en el continente cuando se trata de hablar de democracia. Aparte de Estados Unidos y Canadá, que por lo general son los únicos que mantienen una posición coherente llamando a las dictaduras (como la de Cuba) y a los golpes (como el de Honduras) por su nombre, la voz de Panamá es la única que se escucha en las reuniones hemisféricas denunciando al menos a los países del ALBA. Sin embargo, en los hechos el gobierno del presidente Martinelli se ha mostrado también intolerante con la sociedad civil que lo critica e incluso ha llegado a expulsar ilegalmente a un par de periodistas y defensores de derechos humanos extranjeros”.
América Latina se encuentra en una completa orfandad de líderes democráticos que estén dispuestos a ser críticos de las dictaduras o de cualquier práctica antidemocrática, sea que vengan de la izquierda o la derecha. América Latina necesita líderes de la talla de Rómulo Betancourt, el presidente socialdemócrata venezolano de los años 60 que, además de gobernar de manera democrática, no dudaba en aislar diplomáticamente a todas las dictaduras del continente, y a llamar la atención de sus colegas en la OEA sobre las víctimas tanto de las dictaduras militares anticomunistas respaldadas por Estados Unidos, como de los gobiernos comunistas y movimientos guerrilleros auspiciados desde Cuba y la Unión Soviética.
En Paraguay, el presidente Lugo fue separado de su cargo de acuerdo a la Constitución paraguaya (Art. 225), respetando las reglas del juego democrático del país. La única impugnación que se hace al juicio político al presidente Lugo fue su rapidez y una consecuente supuesta violación a su derecho al “debido proceso”.
Yo sostengo, no obstante, que esta rapidez, si bien no es ideal, es tolerable en vista de las características inherentes a los juicios políticos establecidos en muchas constituciones de todo el mundo, en especial por causales vagas como el “mal desempeño”, y que, por tanto, de ninguna manera llega a afectar la constitucionalidad del procedimiento ni constituir una “alteración” o “ruptura” del orden democrático. El debido proceso en un juicio político es muy diferente al debido proceso en un juicio penal, comenzando por el hecho de que quienes llevan adelante un juicio político no son fiscales profesionales ni jueces imparciales de la carrera judicial, sino que son políticos opositores del enjuiciado. Allí, la garantía que se da al presidente es la de los dos tercios tanto para la acusación como para la sentencia, y esta garantía fue respetada holgadamente en Paraguay.
A diferencia de esto, en Honduras el presidente Zelaya fue removido de manera violenta y claramente inconstitucional, a través de un golpe de Estado. Si bien el presidente Zelaya había venido erosionando la democracia en su país meses antes del 28 de junio, ese día se produjo contra él un golpe de Estado, y este golpe fue luego validado por el Congreso y la Corte Suprema. Human Rights Foundation redactó un informe jurídico extenso sobre este caso, y éste fue citado ampliamente por el informe del año pasado de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras.
Tanto su expatriación forzada a Costa Rica a cargo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) así como la posterior terminación de su mandato a cargo del Congreso se produjeron en violación de la Constitución de Honduras. En Honduras, la Corte Suprema es la única institución puede juzgar al Presidente, a través del llamado “juicio contra los altos funcionarios del Estado”, que se encuentra establecido en el artículo 313 numeral 2 de la Constitución y reglamentado en los artículos 414 al 417 del Código Procesal Penal de Honduras. Según estos artículos, el fiscal general de la República tiene la atribución de enjuiciar al presidente ante la Corte Suprema de Justicia. Si el fiscal general y la Corte Suprema hubiesen seguido este procedimiento, el presidente Zelaya podría haber sido destituido de manera constitucional. Sin embargo, nada de esto se hizo, por lo que su remoción constituyó una clara violación de la Constitución, y una alteración o interrupción del orden democrático en ese país.
Allí, lo único “democrático” fue que la presidencia fue asumida por el siguiente en la línea de sucesión presidencial, es decir, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti. Human Rights Foundation pidió la activa redactó un informe jurídico extenso sobre la crisis democrática de Honduras, y éste fue citado ampliamente por el informe del año pasado de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras.
(*) Blogger venezolano residente en Londres.
(**) Director jurídico de Human Rights Foundation (HRF), organización con sede en Nueva York que promueve la democracia y los derechos humanos en el mundo. El-Hage fue autor del libro “Los Hechos y el Derecho detrás de la Crisis Democrática de Honduras 2009-2010,” que fue citado ampliamente en el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras. Sígalo en Twitter: @javierelhage.