Critican intromisión de Corte

De "intromisión a la labor legislativa" calificaron varios senadores al dictamen de la Corte Suprema sobre el proyecto de ley que hace públicas las declaraciones de bienes. Para la máxima instancia judicial, la propuesta viola el derecho a la intimidad.

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En la sesión de este miércoles, coincidentemente en el día en que se debía tratar el proyecto de ley que hace públicas las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos, la Corte Suprema de Justicia emitió un dictamen y lo envió al Senado, en el cual afirma que están en contra de la propuesta por viola el derecho a la intimidad.

Al respecto, la senadora Desirée Masi dijo que es inaceptable la postura del ministro Raúl Torres Kirmser, presidente de la Corte, por enviar el dictamen “a su antojo”. “Esto es una intromisión. Como Senado no podemos aceptar tamaña desfachatez”, cuestionó, pues sostuvo que la Corte está opinando sobre un tema trabado aún en el Congreso.

Carlos Filizzola, por su parte, se preguntó por qué la Corte emite el citado dictamen cuando no fue consultado al respecto. “¿Quién le pidió opinión a la Corte? No pueden meterse en el proceso legislativo nuestro. No le pedimos”, explicó.

Paraguayo Cubas, encargado del proyecto cuestionado por la Corte, dijo que no puede ser inconstitucional el proyecto en cuestión, porque, con ese argumento, también sería la ley de transparencia y acceso a la información, la actual declaración jurada de bienes y otras normativas. Cuestionó a los que quieren trabajar en la función publica, pero quieren “ocultar la billetera”. Les recomendó “vender chipa o panchos en la calle”.

El senador liberal llanista Fernando Silva Facetti, en tanto, defendió la acción de la Corte, recordando que es uno de los poderes del Estado que, según la Constitución, tiene atribuciones de presentar proyectos de leyes, por lo tanto puede opinar sobre la actividad legislativa.

Para el senador patriaqueridista Stephan Rasmussen, la justicia es la culpable de que ahora se tengan que publicar la declaración jurada de bienes de 300.000 funcionarios públicos, poniendo en riesgo a los funcionarios ante eventuales secuestros o extorsiones.

Pese a este dictamen de la Corte, el Senado aprobó que las declaraciones juradas se hagan públicas.

 

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