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La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Mirtha Morínigo de Florentín, de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte, y ataca a los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 11, 16, 17, 18 y 25, en los que se establece la obligación, los datos a ser declarados y las sanciones contra los que no cumplan con la ley.
Pretenden con esta acción que todos los ministros de la Corte, magistrados, funcionarios del Poder Judicial estén exentos de cumplir con esta ley que obliga a todos los funcionarios del Estado a declarar sus bienes, rentas, activos y pasivos.
Irónicamente, el pasado 9 de febrero, y con total sigilo, la Sala Constitucional de la Corte hizo a lugar a la acción de inconstitucionalidad, con lo que consiguieron dejar sin efecto la obligación hasta tanto se resuelva el problema de fondo. Esto ya fue comunicado a la Contraloría General de la República.
Peor aún, son los propios ministros de la Corte Suprema de Justicia los que deben resolver esta acción, es decir, son jueces y parte en la cuestión y tienen en sus manos la decisión de rendir cuentas o no a la Contraloría y a la ciudadanía.
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