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En la mañana de hoy, la ministra Alicia Pucheta de Correa ordenó a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional “la realización de una auditoría de reacción inmediata” sobre el expediente a cargo de la jueza Julia Rosa Alonso Martínez.
La presidente del Consejo de la Superintendencia de la Corte Suprema dispuso la verificación “sobre presuntas irregularidades en la tramitación del expediente que guarda relación con los señores Marino Raiter y Marilene Penkal de Raiter.”
La orden de la ministra Alicia Pucheta de Correa ya se encuentra en la Dirección General de Auditoría de Gestión y el pedido de entrega del expediente fue remitido al juzgado del quinto turno de Asunción, cuya titular es la jueza Julia Rosa Alonso Martínez, sujeto de la investigación.
El martes pasado, la jueza Julia Rosa Alonso Martínez firmó el auto interlocutorio Nro. 1/17 y anuló la medida cautelar dispuesta en la sentencia definitiva Nro. 3/17 por la jueza Mafalda Cámeron Luque, también de primera instancia en el fuero civil.
La atribución de anular o modificar una sentencia es atribución exclusiva de un tribunal de apelación. La jueza Julia Rosa Alonso Martínez cometió una aberración jurídica al anular la sentencia de una colega.
El documento irregular, labrado por la jueza Alonso Martínez, fue utilizado por la Policía Nacional para justificar la protección brindada al Grupo Favero para apropiarse de granos pertenecientes a la firma Sienna SA. La operación policial tuvo lugar a lo largo del miércoles último, oportunidad en que 150 agentes policiales llegaron a la compañía Yaku’i guazú, Mayor Otaño, para permitir que cosechadoras del Grupo Favero ingresen en el campo de cultivo perteneciente a Sienna SA.
En la noche del mismo miércoles llegó al sitio una dotación de refuerzo de 100 efectivos antimotines para cumplir la función de resguardar al Grupo Favero. El lugar se encuentra prácticamente sitiado por la Policía Nacional.
La decisión de enviar efectivos policiales al lugar fue tomada por el mismo comandante, Críspulo Sotelo Cáceres, quién no comunicó previamente la determinación al Ministerio del Interior y tampoco contó con dictamen favorable de la asesoría jurídica de la Policía Nacional. El resultado fue una brutal golpiza a los trabajadores de Sienna SA y el ingreso de maquinaria del Grupo Favero para realizar trabajos de cosecha.
En todo el proceso se encuentra involucrado el senador Oscar González Daher quién es el operador del Grupo Favero en el Poder Judicial; gracias a su participación se lograron medidas que rayan con la ilegalidad.
El Grupo Favero reclama a un grupo de 28 productores aproximadamente el pago de deudas millonarias. En este conjunto se encuentran Marino Raiter y Marilene Penkal de Raiter quienes rechazan la existencia de una deuda de 23 millones de dólares que surgieron de hipotecas en poder del Grupo Favero.
El Ministerio Público realizó una pericia de las firmas del matrimonio y el dictamen 353/15 confirma que fueron falsificadas; las firmas falsas dieron origen a hipotecas que no existen.
Ante la imposibilidad de trabajar, debido a un juicio de embargo ejecutivo que enfrentan, los Raiter arrendaron un sector de su tierra a Sienna SA, firma que es legítima propietaria de los granos allí cultivados; con apoyo de la Policía Nacional, sólo en la tarde del miércoles maquinaria del Grupo Favero cosechó 60 mil kilos de granos ajenos.
El atropello realizado por la Policía Nacional en apoyo al Grupo Favero fue resultado del auto interlocutorio de la jueza Julia Rosa Alonso Martínez. El expediente, por disposición de la ministra Alicia Pucheta de Correa, ahora se encuentra bajo auditoría de gestión.