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María Justina Venialgo, jueza en lo Civil y Comercial de Villa Hayes, había ordenado a la Dirección Nacional de Tránsito (Dinatran) que habilite a cuatro unidades chatarra (que superan los 25 años de antigüedad) correspondientes a las empresas NASA, NASA Regional, Golondrina y La Concepcionera.
Ante esta decisión y publicaciones periodísticas que hablan de supuestas irregularidades en el amparo concedido, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la remisión de este antecedente a la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial para su evaluación.
Lo hace de conformidad al artículo 4 de la ley N° 609/95 "Potestad disciplinaria y de supervisión, La Corte Suprema de Justicia, por intermedio del Consejo de Superintendencia, ejerce el poder disciplinario y de supervisión sobre los tribunales, juzgados, auxiliares de justicia...", según reza el escrito firmado esta mañana por la ministra Alicia Pucheta de Correa, titular de la máxima instancia judicial.
El viceministro de Transporte, Agustín Encina, había criticado que la magistrada haya basado su decisión en una ley que ya fue derogada, lo que aseguró revela su desconocimiento total de las leyes vigentes. Había cuestionado además que la misma se tome atribuciones que corresponden al ente regulador del transporte público de pasajeros de mediana y larga distancia, Dinatran.