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“Premiar y castigar con publicidad oficial a medios de comunicación por su línea de afinidad con el Gobierno interfiere con libertad de expresión”, escribió este viernes en su cuenta de Twitter Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Compartió además un tuit en que el abogado Ezequiel Santagada recordaba principios sobre la regulación de publicidad oficial y libertad de expresión establecidos precisamente por la CIDH. Santagada, miembro de organizaciones que lucharon por la implementación de la ley de Acceso a la Información en Paraguay, pedía que tanto Conatel como Sicom tuvieran en cuenta esos principios para la repartición de la pauta estatal en nuestro país.
El recordatorio de Lanza se da precisamente en un momento en el que el gobierno de Paraguay se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que el vicepresidente de la República, Juan Afara, y varios representantes del oficialismo ofrecieran a dueños de estaciones de radio pautas estatales a cambio de difundir “buenas noticias” del Gobierno.
De ese encuentro participaron además Teresita Palacios, titular de la Conatel, organismo encargado del control de la distribución del espectro electromagnético, y Fabrizio Caligaris, titular de la Sicom, secretaría que centra la comunicación del Poder Ejecutivo. Afara prometió a las radios que tendrían “un vínculo comercial con el Estado” para quienes fueran “corresponsales de la verdad” del Gobierno.
En esa misma reunión, el titular del Partido Colorado y diputado por Ñeembucú, Pedro Alliana, pidió que las radios del interior sean la “voz de la dirigencia, del Partido y del gobierno”. Todo esto hizo recordar al tristemente célebre programa “La voz del coloradismo”, que durante los años de la dictadura militar de Alfredo Stroessner debía ser transmitido por todas las radios y a través del cual ser perseguía a disidentes y opositores. Quienes se negaban a transmitirlo, debían pagar luego las consecuencias.
En un extenso documento sobre las pautas estatales y la libertad de expresión, la CIDH -organismo al cual Paraguay está adherido- estableció una serie de principios que los países miembros deberían tener en cuenta.
“Los Estados deben establecer, para la contratación y distribución de la publicidad oficial, procedimientos que reduzcan la discrecionalidad y eviten sospechas de favoritismos políticos en el reparto. Los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos”, señala el documento en el capítulo sobre Criterios de distribución de la pauta estatal.
“La pauta estatal nunca debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios. Dicho uso debe encontrarse explícitamente sancionado”, agrega.
Además, sugiere que la responsabilidad por las decisiones sobre contratación y distribución de la pauta publicitaria no debería recaer únicamente en manos de funcionarios de origen político, sino que deberían participar asimismo funcionarios de carrera, técnicos especializados en la materia.
“Los recursos publicitarios nunca deben ser distribuidos discriminando, positiva o negativamente, de acuerdo a la línea editorial de los medios de comunicación (...) Es discriminatoria y constituye un supuesto de censura indirecta la adjudicación que toma en cuenta las opiniones vertidas por los medios de comunicación u otras razones injustificadas desde el punto de vista de los objetivos del aviso oficial en cuestión, como la afinidad personal o política”, sentencia.